Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 10 de Julio de 1930 - 54 D.P.R. 503
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 54 D.P.R. 503 |
| Fecha de Resolución | 10 de Julio de 1930 |
54 D.P.R. 503 (1939) EX PARTE GARCÍA OLIVER TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Ex parte Julio García Oliver, peticionario y apelante.
Núm.: 7666 Sometido: Enero 27, 1939 Resuelto: Marzo 17, 1939.
Resolución de Luis Samalea, J. (Bayamón), denegando solicitud interesando se abra el caso y, con vista de tal solicitud y de la prueba ya aportada, se declare justificado el dominio del inmueble de que se trata en cuanto a una parte indivisa a favor del peticionario y en cuanto a otra parte indivisa a favor de la sociedad legal de gananciales, ordenándose así su inscripción en el Registro. Revocada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.
H. Torres Solá, abogado del apelante; E. Ponsa Parés, Fiscal del Distrito de Bayamón, por El Pueblo, no compareció.
El Juez Asociado Señor De Jesús emitió la opinión del tribunal.
Julio García Oliver, casado con Aurora Rodríguez, presentó un escrito en la Corte de Distrito de Bayamón interesando que previo los trámites legales se declarase justificado a su favor el dominio que alegó tener sobre una finca rústica de siete y media cuerdas radicada en el barrio Camarones, del término municipal de Guaynabo. Expuso en el citado escrito, además de las alegaciones que requiere la ley, que una cuarta parte de la finca la había adquirido por herencia de su madre y las tres cuartas partes restantes por compra a sus hermanos José Alfonso, Josefina y Serafín García Oliver, por escritura número 61 de 10 de julio de 1930 ante el notario José Soto Rivera. Continuó el caso su tramitación hasta que el 12 de mayo de 1937 recayó resolución por la que se denegó la petición, fundándose en que toda vez que una cuarta parte de la finca pertenecía privativamente al peticionario y el resto a la sociedad de gananciales por haber sido adquirido durante su matrimonio con Aurora Rodríguez, no procedía declarar justificado el dominio "por ser doctrina establecida la imposibilidad legal de hacer agrupaciones de bienes privativos y bienes gananciales." Citó a continuación la corte el artículo 61 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria y los casos de Muñoz v. Registrador, 25 D.P.R. 842, y Vilá v. Registrador, 27 D.P.R. 929, y terminó citando en extenso del caso de Vargas v. Registrador, 38 D.P.R. 237, 239. Después de dictada la anterior resolución, el letrado H. Torres Solá asumió la representación del peticionario. Radicó una moción que tituló "Moción para que se permita radicar una solicitud complementaria enmendada...
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