Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 15 de Febrero de 1950 - 70 D.P.R. 900

EmisorTribunal Supremo
DPR70 D.P.R. 900
Fecha de Resolución15 de Febrero de 1950

70 D.P.R. 900 (1950)

FERNÁNDEZ ORTEGA V. RIVERA

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luciano Fernández Ortega, peticionario

vs.

Félix R. Rivera, Jefe del Presidio Insular, recurrido.

Núm. 450

70 D.P.R. 900

15 de febrero de 1950

SOLICITUD interesando la expedición de un auto de hábeas corpus. Dejada sin efecto la sentencia dictada por el tribunal inferior, debiendo proceder éste a dictar aquélla que corresponda luego de tomar en consideración las disposiciones de la Ley núm.

259 de 1946 ((1) pág. 537).

  1. Derecho Constitucional--Leyes Retrospectivas y Ex Post Facto --Operación Retrospectiva de Leyes Ex Post Facto --Naturaleza y Extensión del Castigo.--Es ex post facto una ley que en su relación con el delito o sus consecuencias, altera la situación del acusado en su perjuicio.

  2. Id.--Id.--Id.--Id.--Una ley que enmiende otra que a la fecha de la comisión del delito autorizaba a las cortes a suspender sentencias en casos de asesinato en segundo grado para excluir dicho delito de los efectos de la suspensión, resulta ex post facto al ser aplicada al acusado, ya que opera en su detrimento y altera la situación de éste.

  3. Hábeas Corpus--Naturaleza y Fundamentos del Remedio-- Fundamentos del Remedio en General--Nulidad ( Invalidity) de Estatuto.--Mediante el recurso de hábeas corpus puede ponerse a prueba el hecho de si una ley o su aplicación es ex post facto o no.

  4. Derecho Penal--Fallo, Sentencia y Auto de Prisión Final--Suspensión de Sentencias (Sentencias Probatorias)-- Discreción Judicial.--La sentencia probatoria es un acto de gracia, mas no un derecho absoluto, concedido a la persona convicta de delito. Su concesión, pues, cae dentro de la discreción de la corte sentenciadora.

Santos P. Amadeo, Sigfredo Vélez González, Enrique Belén Trujillo y Ángel Cruz Cruz,

abogados del peticionario.

Hon. Procurador General Vicente Géigel Polanco,

J. Rivera Barreras, Fiscal del Tribunal Supremo y Fernando Fornaris, Jr., Fiscal Auxiliar, abogados del recurrido.

OPINIÓN EMITIDA POR EL HON. JUEZ MARRERO

El peticionario Luciano Fernández Ortega fué acusado en 15 de octubre de 1947 ante la Corte de Distrito de Arecibo del delito de asesinato en primer grado. Al ser llamado su caso para juicio en 18 de febrero del siguiente año, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y solicitó de la corte le suspendiera la sentencia a tenor de lo provisto por el artículo 2 de la Ley núm. 259 de 3 de abril de 1946 ((1) pág. 537). De conformidad con lo solicitado, la corte ordenó al oficial probatorio que practicara la investigación de rigor. No...

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