Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 10 de Marzo de 1982 - 112 D.P.R. 256
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 112 D.P.R. 256 |
| Fecha de Resolución | 10 de Marzo de 1982 |
EVARISTO ACEVEDO DIAZ y CARMEN ACEVEDO LÓPEZ, por sí y
ambos en representación de todos los igualmente
situados, demandantes y recurrentes
vs.
GENARO COLLAZO, SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIALES, ET AL., demandados y recurridos
Núm. R-81-10
112 D.P.R. 256
10 de marzo de 1982
SENTENCIA de Aladino Torres Rivera, J. (Aguadilla), que desestima una demanda de daños y perjuicios por infracción de la Ley de Derechos Civiles federal. Revocada, y se devuelve el caso a instancia para procedimientos compatibles con la opinión.
1. CORTES--JURISDICCIÓN CONCURRENTE Y EN CONFLICTO, Y CORTESIA--CORTES ESTATALES Y CORTES DE LOS ESTADOS UNIDOS--JURISDICCIÓN CONCURRENTE-- Los tribunales estatales pueden ejercer jurisdicción concurrente sobre litigios basados en la Constitución, las leyes y los tratados de Estados Unidos, excepto cuando tal jurisdicción es, expresa o implícitamente, exclusiva de las cortes federales.
2. ID.--ID.--ID.--ID--En ausencia de expresión contraria por Congreso o condición necesariamente implícita se presume normalmente la jurisdicción concurrente de las cortes estatales y federales sobre litigios basados en la Constitución, las leyes y tratados de Estados Unidos.
3. ID.--ID.--ID.--ID--Los tribunales estatales pueden ejercer jurisdicción concurrente con las cortes federales en pleitos fundados en la Ley de Derechos Civiles federal (42 U.S.C. sec. 1983).
4. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS--EN GENERAL--DERECHOS, PODERES, DEBERES Y RESPONSABILIDADES--RESPONSABILIDADES-- ACTUACIONES U OMISIONES CULPABLES O NEGLIGENTES--La tardanza administrativa en actuar con referencia a solicitudes de asistencia económica bajo las leyes federales constituye una violación de la Ley de Derechos Civiles federal (42 U.S.C. sec. 1983).
5. ID.--ID.--ID.--RESPONSABILIDAD BAJO LEY FEDERAL DE DERECHOS CIVILES--ACCIONES--DEFENSAS--INMUNIDAD--Los estados y Puerto Ri carecen de facultad para inmunizar a funcionarios estatales o federales del impacto de la Ley de Derechos Civiles federal (42 U.S.C. sec.
1983).
6.
ID.--ID.--ID.--ID.--ID.--ID.--ID--Los funcionarios y emplead la Rama Ejecutiva, con algunas excepciones, gozan tan solo de inmunidad condicionada bajo la Ley de Derechos Civiles federal (42 U.S.C. sec. 1983).
7.
ID.--ID.--ID.--ID.--ID.--ID.--BUENA FE--A tenor con la Ley d Derechos Civiles federal (42 U.S.C. sec. 1983) un funcionario o empleado que no actúa de buena fe es responsable pero aun cuando medie la buena fe responde si actuó irrazonablemente o si debió haber sabido que su conducta era ilegal.
8. ID.--ID.--ID.--ID.--ID.--ID.--EN GENERAL--La razonabilidad d actuación oficial de un empleado o funcionario a los fines de establecer su responsabilidad bajo la Ley de Derechos Civiles federal (42 U.S.C. sec. 1983) es una cuestión de hecho a determinarse caso por caso.
9.
ID.--ID.--ID.--ID.--ID.--ID.--INMUNIDAD--La inmunidad condicionada de un empleado o funcionario público--a tenor con la Ley de Derechos Civiles federal (42 U.S.C. sec. 1983)--constituye una defensa afirmativa.
Manuel J. Vera Vera, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., abogado de los recurrentes.
Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Marta Quiñones, Procuradora General Auxiliar, abogados de los recurridos.
OPINIÓN DEL JUEZ TRÍAS MONGE
Este pleito plantea las interrogantes siguientes: ¿Tiene jurisdicción el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico para ventilar litigios fundados exclusivamente en la Ley [P258]
Federal de Derechos Civiles, 42 U.S.C. sec. 1983? De tenerse, ¿justifican los hechos de este caso la invocación de esa ley? De poder invocarse, ¿qué normas de inmunidad aplican, las federales o las sentadas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico? Las reglas de inmunidad aplicables, ¿son en esta acción de orden absoluto o condicionado? Cuando se reclama...
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