Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 26 de Abril de 1995 - 138 DPR 399

EmisorTribunal Supremo
DPR138 DPR 399
Fecha de Resolución26 de Abril de 1995

138 D.P.R. 399 (1995) GONZÁLEZ PÉREZ V. E.L.A.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

NORMA ESTHER GONZALEZ PEREZ y OTRO, demandantes y recurridos,

v.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO y OTROS,

demandados y recurrente el primero;

CORPORACION NATIONAL EMERGENCY MEDICAL SERVICES ADMINISTRATION OF

PUERTO RICO, INC. y OTRO, terceros demandados.

Número: RE-93-117

Resuelto: 26 de abril de 1995
  1. PUERTO RICO--ESTADO LIBRE ASOCIADO--ACCIONES--RECLAMACIONES CONTRA EL E.L.A.--PRECEPTOS ESTATUTARIOS--LEY DE RECLAMACIONES Y DEMANDAS CONTRA EL E.L.A.--EN GENERAL.

    El Art. 2 de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec. 3077, faculta al Estado Libre Asociado de Puerto Rico a pagar hasta setenta y cinco mil dólares ($75,000) cuando se le demanda en daños y perjuicios y se trata de una sola causa de acción. En el caso de que se causen daños a más de una persona o cuando sean varias las causas de acción a que tenga derecho un perjudicado, se autoriza al Estado a pagar hasta un máximo de ciento cincuenta mil dólares ($150,000).

  2. ESTATUTOS, COSTUMBRES Y EQUIDAD--INTERPRETACION Y APLICACION DE LA LEY-- REGLAS GENERALES DE INTERPRETACION--INTENCION O VOLUNTAD DEL LEGISLADOR AL APROBAR LA LEY--ESPIRITU Y LETRA DE LA LEY...

    Es principio cardinal de hermeneútica que al interpretar una disposición específica de una ley, los tribunales deben siempre considerar cuáles fueron los propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobarla. Además, un estatuto debe interpretarse y aplicarse de forma tal que se tenga presente el propósito social que lo inspiró. (Vázquez v.

    A.R.P.E., 128:513, seguido.)

  3. PUERTO RICO--ESTADO LIBRE ASOCIADO--ACCIONES--RECLAMACIONES CONTRA EL E.L.A.--PRECEPTOS ESTATUTARIOS--LEY DE RECLAMACIONES Y DEMANDAS CONTRA EL E.L.A.--EN GENERAL.

    La Legislatura de Puerto Rico ha limitado la indemnización que ha de concederse por la totalidad de los daños ocasionados por una acción u omisión negligente de un funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico hasta un máximo de ciento cincuenta mil dólares ($150,000). No obstante, no se limitó el número de causas de acción o la cantidad de reclamantes que pudieran existir como consecuencia del acto u omisión negligente. 32 L.P.R.A. sec. 3077 et seq.

  4. ID.--ID.--ID.--ID.--ID.--ID.--ID.

    Los límites económicos establecidos por la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado no son arbitrarios; están fundamentados en evidencia relacionada con el impacto económico que estas reclamaciones tienen sobre el fisco, por lo que dicha ley no adolece de vicio constitucional alguno.

  5. PALABRAS Y FRASES.

    Causa de acción. Causa de acción es el derecho a presentar una demanda.

  6. PUERTO RICO--ESTADO LIBRE ASOCIADO--ACCIONES--RECLAMACIONES CONTRA EL E.L.A.--PRECEPTOS ESTATUTARIOS--LEY DE RECLAMACIONES Y DEMANDAS CONTRA EL E.L.A.--EN GENERAL.

    A tenor con la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, es improcedente imponer al Estado Libre Asociado de Puerto Rico la obligación solidaria de pagar una cantidad en exceso del máximo autorizado por dicha ley; independientemente de que el Estado tenga o no disponible el derecho a entablar una acción de nivelación por daños solidarios contra cualquier otro cocausante de éstos.

  7. ID.--ID.--ID.--ID.--ACCIONES CONTRA FUNCIONARIOS U ORGANISMOS OFICIALES--

    ACCION DE NIVELACION CONTRA EL EMPLEADO...

    No siempre el Estado puede entablar una acción de nivelación contra el cocausante del daño. Cuando el cocausante es un agente o empleado del Estado que incurre en la conducta que originó la reclamación en el descargo de sus funciones oficiales, el Estado está impedido de repetir contra dicho agente o empleado en una acción de nivelación.

  8. ID.--ID.--ID.--ID.--ID.

    Conforme a la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec.

    3077 et seq., se puede demandar al Gobierno por los daños y perjuicios causados por actuaciones culposas de sus agentes o empleados en el descargo de sus funciones oficiales u optar por demandar directamente al agente o funcionario.

    No obstante, no puede instarse una acción directamente contra el empleado una vez se dicta sentencia contra el Estado o viceversa. (De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124: 472, seguido).

  9. ID.--ID.--ID.--ID.--EN GENERAL--RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL E.L.A.

    No existe disposición alguna en la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado que impida imponer responsabilidad solidaria al Estado hasta el máximo permitido por dicho estatuto e imponer el monto restante de la indemnización al cocausante del daño cuando la actuación de este último no está enmarcada dentro de una relación de agencia o empleo con el Estado.

  10. ID.--ID.--ID.--ID.--PRECEPTOS ESTATUTARIOS--LEY DE RECLAMACIONES Y DEMANDAS CONTRA EL E.L.A.--EN GENERAL.

    El Art. 7 de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec.

    3082, establece que el Estado satisfará prontamente cualquier fallo en su contra hasta el máximo dispuesto en el Art. 2 de dicho estatuto. 32 L.P.R.A. sec. 3077.

  11. ID.--ID.--ID.--ID.--ID.--ID.--ID.

    A tenor con los Arts. 2 y 7 de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 L.P.R.A. secs. 3077 y 3082, es impermisible que bajo circunstancia alguna al Estado Libre Asociado de Puerto Rico se le obligue a satisfacer una cantidad mayor a la dispuesta en el Art. 2, supra.

  12. ESTATUTOS, COSTUMBRES Y EQUIDAD--INTERPRETACION Y APLICACION DE LA LEY-- REGLAS GENERALES DE INTERPRETACION--INTENCION O VOLUNTAD DEL LEGISLADOR AL APROBAR LA LEY--ESPIRITU Y LETRA DE LA LEY...

    Los tribunales deben adoptar una interpretación sensata, lógica y razonable de una ley a fin de que se haga valer la intención del legislador. La ley debe tomarse como un ente armónico y consistente; interpretarse sus diferentes secciones, las unas en relación con las otras, supliendo la deficiencia en una con lo dispuesto en la otra, pero siempre debe darse cumplimiento al propósito legislativo.

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