Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 21 de Abril de 1998 - 145 DPR 366
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DTS | 1998 DTS 046 |
| TSPR | 1998 TSPR 046 |
| DPR | 145 DPR 366 |
| Fecha de Resolución | 21 de Abril de 1998 |
1998 DTS 046 PUEBLO V. RIVERA RIVERA 1998TSPR046
En el Tribunal Supremo de Puerto Rico
EL PUEBLO DE PUERTO RICO
Apelado
V.
MIGUEL RIVERA RIVERA
LUIS PEREZ PÉREZ
Apelantes
Apelación
TSPR98-46
Número del Caso: AC-96-2 Cons. Ac-96-17
145 DPR 366 (1998)
145 D.P.R. 366 (1998)
1998 JTS 47
Abogados Parte Apelante: Lic. Zinia I. Acevedo Sánchez
(Sociedad Para Asistencia Legal)
Abogados Parte Apelada: Hon. Carlos Lugo Fiol, Procurador General
Lic. Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar
Tribunal de Instancia: Superior, Subsección de Distrito, Sala de Caguas
Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon.
José L. Bonilla Echevarría. Andreu García
Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI
Juez Ponente: Hon. Delgado Hernández
Fecha: 4/21/1998
Asesinato en ler. grado y otros
ADVERTENCIA:
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton.
San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 1998.
¿Tiene derecho el imputado de un delito grave a obtener copia de las declaraciones juradas que sirvieron de base a la determinación de causa probable para arresto antes de que los testigos se sienten a declarar por primera vez en la vista preliminar o en el juicio en su fondo? Examinado nuestro ordenamiento procesal penal y los hechos particulares de los casos que originan la controversia ante nos, concluimos que a los imputados no les asiste ese derecho.
I.
Este Tribunal mediante resolución de 25 de octubre de 1996 consolidó los casos Pueblo
v. Rivera Rivera, AC-96-2 y Pueblo v. Pérez Pérez, AC-96-171, por presentar cuestiones de hecho y de derecho comunes. En ambos casos se radicaron sendos recursos de apelación ante este Tribunal por plantearse la existencia de conflicto entre decisiones previas del Tribunal de Circuito de Apelaciones sobre esta controversia.2
A continuación, exponemos una síntesis de los hechos fundamentales de ambos casos. (A) Pueblo
v. Rivera Rivera
El 27 de mayo de 1994 se presentaron denuncias contra Miguel Rivera Rivera por los delitos de asesinato en primer grado, Artículo 83 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec.4001; e infracciones a los Artículos 6 y 8 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sec. 416 y 418. Rivera se encontraba detenido por el Estado y fue conducido ante un magistrado mediante una orden de excarcelación. El magistrado luego de examinar la declaración jurada de la testigo Janet González Piñero determinó causa probable para arresto y fijó la fianza correspondiente.
En las denuncias que le fueron entregadas al imputado aparece anunciada como testigo de cargo González Piñero.
Previo al señalamiento de la vista preliminar, la representación legal de la defensa, solicitó al tribunal, mediante moción escrita, que le ordenara al Ministerio Fiscal entregar al acusado copia de la declaración que fue utilizada para la determinación de causa probable para el arresto de Rivera Rivera. Luego de varios incidentes procesales, el entonces Tribunal de Distrito ordenó al Ministerio Fiscal que accediera a la solicitud de la defensa. Inconforme, el Ministerio Fiscal presentó recurso de certiorari ante el entonces Tribunal Superior.
Posteriormente, el caso fue referido al Tribunal de Circuito de Apelaciones el cual revocó la orden del magistrado del entonces Tribunal de Distrito que le requirió al Ministerio Fiscal entregar a la defensa copia de la declaración jurada a base de la cual se determinó causa probable para el arresto.
Inconforme, Rivera apela ante nos. (B) Pueblo
v. Luis Pérez Pérez
El 19 de septiembre de 1995 se presentaron denuncias en ausencia contra Luis Pérez Pérez y cuatro coacusados por los delitos de asesinato en primer grado, 33 L.P.R.A. sec.4001; tentativa de asesinato, 33 L.P.R.A. sec.3121 e infracción al Artículo 6 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A.
sec.416. La determinación de causa probable para el arresto de los apelantes la formuló el magistrado del foro de instancia mediante el examen exclusivo de las declaraciones juradas que presentaron Pedro N. Martínez García y Ricardo Rodríguez Figueroa, quienes también fueron anunciados en la denuncia como testigos de cargo.
Previo a la celebración de la vista preliminar, los abogados de los acusados solicitaron al tribunal a quo que le ordenase al Ministerio Fiscal suplirles copia de las declaraciones juradas que fueron utilizadas para determinar causa probable para el arresto en ausencia de los acusados. El Tribunal de Primera Instancia, luego de considerar los señalamientos esbozados por ambas partes, resolvió en corte abierta que a los imputados no les asistía el derecho que reclamaban. La representación legal de los acusados presentó recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, el cual confirmó la resolución recurrida.
Inconforme, los abogados de la defensa radicaran recurso de apelación ante nos.
Con el beneficio de las comparecencias de todas las partes en los casos, estamos en posición de resolver la controversia medular de cada uno.
II.
Para atender adecuadamente las controversias que se plantean en el caso de autos, resulta pertinente en primer lugar examinar brevemente los cambios más significativos que ha atravesado nuestro ordenamiento procesal penal durante las últimas tres décadas.
Las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 autorizaban la expedición de una orden de arresto sólo cuando al magistrado se le presentaba una denuncia jurada. La denuncia tenía que estar juramentada por una persona con conocimiento personal de los hechos delictivos. Sin embargo, policías y ciertos funcionarios públicos podían firmar y juramentar...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 13 de Julio de 2012 - 186 DPR 196
...Const. P.R. [15] 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 35(c). Véanse Pueblo v. Pérez Feliciano, 2011 T.S.P.R. 199 (Sentencia); Pueblo v. Rivera Rivera, 145 D.P.R. 366, 378 (1998); Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867, 883 (1989); Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614, 617-618 (1985); Pueblo ......
-
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 18 de Enero de 2007 - 169 DPR 903
...declaró culpable. Después de todo, la adecuada notificación es un componente básico del debido proceso de ley. Pueblo v. Rivera Rivera, 145 D.P.R. 366 De otra parte, no nos convence el argumento del Procurador General en el sentido de que al declararse culpable el acusado bajo los Arts. 6 y......
-
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 24 de Agosto de 2009 - 176 DPR 559
...sido adverso al Ministerio Fiscal. Véase, Pueblo v. Quiñones Ramos, 99 D.P.R. 1, 4 (1970). Igualmente resolvimos en Pueblo v. Rivera, 145 D.P.R. 366, 379 (1998), cuando señalamos que si el fiscal no utiliza a un testigo de cargo (anunciado como tal en la acusación o denuncia) en ninguna vis......
-
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 16 de Diciembre de 2011 - 183 DPR 1003
...mecánica las palabras de la ley. [25] Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 D.P.R. 663, 666 (1978). Véanse también Pueblo v. Rivera Rivera, 145 D.P.R. 366, 378 (1998); Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614, 617-618 (1985). [26] Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691, 693-694(1981). [27] ......
-
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 13 de Julio de 2012 - 186 DPR 196
...Const. P.R. [15] 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 35(c). Véanse Pueblo v. Pérez Feliciano, 2011 T.S.P.R. 199 (Sentencia); Pueblo v. Rivera Rivera, 145 D.P.R. 366, 378 (1998); Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867, 883 (1989); Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614, 617-618 (1985); Pueblo ......
-
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 18 de Enero de 2007 - 169 DPR 903
...declaró culpable. Después de todo, la adecuada notificación es un componente básico del debido proceso de ley. Pueblo v. Rivera Rivera, 145 D.P.R. 366 De otra parte, no nos convence el argumento del Procurador General en el sentido de que al declararse culpable el acusado bajo los Arts. 6 y......
-
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 24 de Agosto de 2009 - 176 DPR 559
...sido adverso al Ministerio Fiscal. Véase, Pueblo v. Quiñones Ramos, 99 D.P.R. 1, 4 (1970). Igualmente resolvimos en Pueblo v. Rivera, 145 D.P.R. 366, 379 (1998), cuando señalamos que si el fiscal no utiliza a un testigo de cargo (anunciado como tal en la acusación o denuncia) en ninguna vis......
-
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 16 de Diciembre de 2011 - 183 DPR 1003
...mecánica las palabras de la ley. [25] Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 D.P.R. 663, 666 (1978). Véanse también Pueblo v. Rivera Rivera, 145 D.P.R. 366, 378 (1998); Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614, 617-618 (1985). [26] Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691, 693-694(1981). [27] ......
-
Pueblo V. Rivera Santiago 2009 J.T.S. 139
...adverso al Ministerio Fiscal. Véase, Pueblo v. Quiñones Ramos, 99 D.P.R. 1, 4 (1970). Page 460 Igualmente resolvimos en Pueblo v. Rivera, 145 D.P.R. 366, 379 (1998), cuando señalamos que si el fiscal no utiliza a un testigo de cargo (anunciado como tal en la acusación o denuncia) en ninguna......
-
Pueblo V. Rivera Rivera, 1996, 141 D.P.R. 121
...la corrección de la vista preliminar o la admisibilidad y suficiencia de la prueba presentada en el juicio. PUEBLO V. RIVERA RIVERA, 145 D.P.R. 366, 98 J.T.S. 47 (HERNÁNDEZ DENTON) Inicio de la Acción Penal. Determinación de Causa Probable para Emitir Orden de Arresto. Vista Preliminar y De......
-
Pueblo V. Rivera Rivera, 1998, 145 D.P.R. 366
...la corrección de la vista preliminar o la admisibilidad y suficiencia de la prueba presentada en el juicio. PUEBLO V. RIVERA RIVERA, 145 D.P.R. 366, 98 J.T.S. 47 (HERNÁNDEZ DENTON) Inicio de la Acción Penal. Determinación de Causa Probable para Emitir Orden de Arresto. Vista Preliminar y De......