Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 12 de Junio de 2000 - 151 DPR 292

2000 DTS 084 FRANCISCO LEVY, HIJO, INC. V

MUNICIPIO 2000TSPR084

Municipio de Manatí

Certiorari

2000 TSPR 84

151 DPR 292

Número del Caso: AC-1999-0028

Fecha: 12/junio/2000

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional III

Juez Ponente: Hon. Carmen Ana Pesante Martínez

Abogado de la Parte Apelante: Lcdo. José Luis Vilá

Pérez

Abogado de la Parte Apelada: Lcdo. José E. Colón Santana

Acción Civil, Subasta

AVERTENCIA

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OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2000

El 23 de enero de 1996, la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico adjudicó subasta a favor de Francisco Levy Hijo, Inc. (en adelante, "Levy") para la construcción de un tramo del Expreso de Diego que discurría por el Municipio de Manatí.

Luego de terminada la obra, el Municipio le notificó a Levy una determinación final de deficiencia, en el pago de arbitrios sobre la construcción del proyecto, por la suma de $105,192 más intereses, penalidades y recargos por la cantidad inicial de $47,336. El arbitrio fue calculado conforme a las disposiciones de la Ordenanza Núm. 30, Serie 1994-95, de ese Municipio, ascendiendo al 2.5% del precio del contrato de construcción.

Levy se negó a pagar el arbitrio e instó demanda sobre sentencia declaratoria contra el Municipio de Manatí ante la Sala Superior de Arecibo del Tribunal de Primera Instancia en solicitud de la anulación de la imposición de los arbitrios. El tribunal de instancia dictó sentencia favorable a Levy.

Insatisfecho, el Municipio de Manatí apeló al Tribunal de Circuito de Apelaciones y alegó, en lo pertinente al recurso hoy ante nuestra consideración, que erró el tribunal de instancia al resolver que el cobro de arbitrios de construcción constituía una doble tributación prohibida por ley.

El Tribunal de Circuito de Apelaciones revocó; concluyó que el caso de marras no es uno de doble tributación pues la Asamblea Legislativa facultó a los municipios para que, además de imponer patentes sobre el monto del volumen de negocios llevados a cabo por una entidad dentro de su municipio, pudiera también imponer arbitrios de construcción sobre el costo total o el valor de toda obra de construcción, efectuada dentro de los límites municipales. Ello implica, según el Tribunal de Circuito de Apelaciones, que quien se dedique a la industria de la construcción en Puerto Rico tiene que incluir en su declaración de patente municipal, según lo requieran las ordenanzas pertinentes, el valor de la obra además de pagar un arbitrio de construcción, si así lo ha requerido el municipio mediante ordenanza a esos efectos, que puede extenderse sobre todo el costo de la obra al tipo impuesto en las respectivas ordenanzas municipales, siempre que el mismo sea razonable.

De esta sentencia Levy recurrió ante este Tribunal, alegando que erró el tribunal apelativo intermedio al determinar que el Municipio tiene facultad para imponer el arbitrio de construcción computado sobre todos los costos de construcción, en violación a la prohibición expresa de la Sección 2004 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 y en abierta contradicción con lo decidido por este Tribunal en San Miguel & Cía. v. Diez de Andino, Tes., 71 DPR 344 (1950).1

Para Levy no cabe discusión sobre el hecho de que un municipio tiene autoridad suficiente para imponer un arbitrio de construcción además de la patente municipal sobre el proyecto; esto es, Levy admite que el Municipio tiene tal facultad, pero acentúa que ésta no es la controversia planteada en el caso de marras, ni la razón para decidir del tribunal de primera instancia. Argumenta Levy que dicho foro judicial lo que determinó fue que la Sección 2004 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 prohibe a los municipios de Puerto Rico gravar con un arbitrio local cualquier artículo sujeto a contribución bajo la ley estatal.

A esos efectos, argumenta Levy que computar un arbitrio de construcción basado en el costo total de la obra equivale en parte a gravar doblemente la partida relativa al costo de materiales de construcción, pues los mismos son objeto directo de tributación estatal. Levy sostiene que la Sección 2004 del Código de Rentas Internas de 1994 requiere que el Director de Finanzas municipal deduzca, de la suma de todos los costos incurridos en la construcción de la obra, el costo de los materiales usados o consumidos en la misma a fin de determinar el arbitrio a pagar.

Expedimos el recurso. Estando en posición de resolver el mismo, procedemos a así hacerlo.

En la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se dispone que "[e]l poder del Estado Libre Asociado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposición y cobro por los municipios se ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o suspendido."2 Queda claro, entonces, que los municipios no tienen un poder inherente, independiente del Estado, para imponer contribuciones.3 En atención a dicho decreto constitucional la Asamblea Legislativa ha aprobado varias leyes que regulan la facultad municipal para recaudar impuestos. Entre estas leyes contamos con la Ley de Municipios Autónomos, tal como fue aprobada en 1991, que concedía el poder a los municipios para:

"[...]imponer y cobrar contribuciones o tributos por los conceptos y en la forma que a continuación se establece:

[...]

(d)Imponer y cobrar contribuciones, derechos, licencias, arbitrios de construcción y otros arbitrios e impuestos, tasas y tarifas razonables dentro de los límites territoriales del municipio, compatibles con las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, por el estacionamiento en vías públicas municipales; por la apertura de establecimientos comerciales, industriales y de derribo de edificios; por la ocupación de vías públicas municipales y por el recogido y disposición de desperdicios."4 (Énfasis suplido.)

La letra de la ley era clara y tajante en cuanto al poder concedido a los municipios para cobrar arbitrios sobre las obras de construcción dentro de sus límites territoriales. La gran limitación al poder impositivo municipal, reconocido en la Ley de Municipios Autónomos, era el requisito obvio y expreso en la ley de que la contribución fuera compatible con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Código de Rentas Internas de 1994, cuya aprobación es posterior a la Ley de Municipios Autónomos, pero anterior a la enmienda de la Sección 4052 de la Ley de Municipios Autónomos citada, por su parte, en la sección 20045 dispone que:

"A partir de la fecha de vigencia de esta Parte ningún municipio o división administrativa del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá imponer o recaudar ningún arbitrio local sobre cualquier artículo sujeto al pago de impuesto bajo las disposiciones de esta Parte.

Se exceptúa de esta disposición la contribución sobre el volumen de negocio autorizada por las secs. 651 et seq. del Título 21, conocidas como "Ley de Patentes Municipales", cuya imposición por los municipios queda expresamente autorizada, debiendo incluirse en el volumen de negocios las operaciones mercantiles sobre los artículos gravados por esta Parte. No obstante cuando la aplicación de la Ley de Patentes Municipales, conjuntamente con la aplicación de esta Parte, produzca una situación contributiva insostenible por infringir alguna prohibición constitucional, si dicha situación resulta constitucional mediante la imposición y cobro de uno solo de los impuestos, prevalecerá la contribución estatal." (Énfasis suplido)

Es evidente que el Código de Rentas Internas pretendió exceptuar de la imposición de arbitrios municipales a todo artículo o actividad gravada por reclamos contributivos estatales. La letra de la sec. 2004 de ese Código aprobado en 1994, y la cual sigue vigente, decreta tajantemente que "[a] partir de la fecha de vigencia" de dicho subtítulo "ningún municipio" "podrá imponer o recaudar ningún arbitrio local sobre cualquier artículo...