Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 12 de Julio de 2010 - 179 DPR 548

EmisorTribunal Supremo
Número del casoCP-2004-9
DTS2010 DTS 129
TSPR2010 TSPR 129
DPR179 DPR 548
Fecha de Resolución12 de Julio de 2010

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re: Eugenio González Cardona

2010 TSPR 129

179 DPR 548, (2010)

179 D.P.R. 548 (2010), In re González Cardona, 179:548

2010 JTS 138 (2010)

2010 DTS 129 (2010)

Número del Caso: CP-2004-9

Fecha: 12 de julio de 2010

Abogado de la Parte Querellada: Por Derecho Propio

Oficina del Procurador General: Lcda. Noemí Rivera de León

Procuradora General Auxiliar

Conducta Profesional, Se procede a denegar la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía del Sr. Eugenio González Cardona. El querellado no sólo realizó manifestaciones ofensivas en contra de algunos de los miembros de este Tribunal, sino que perpetró un incumplimiento reiterado con las órdenes de los tribunales -incluyendo nuestras órdenes durante el procedimiento disciplinario que ahora culmina-, mostró una clara dejadez y menosprecio en la tramitación del caso que le fue encomendado, y su falta de diligencia, honradez y sinceridad continúa patente.

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 12 de julio de 2010.

I.

El Sr. Eugenio González Cardona fue admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1996 y juramentó como notario el 23 de julio del mismo año.

El 17 de noviembre de 2004 el Procurador General de Puerto Rico presentó una querella ante nos en contra del señor González Cardona. Le imputó cuatro cargos, a saber: haber violentado el Canon 9 de Ética Profesional por incumplir en varias ocasiones con las órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, faltando así a su deber de observar el mayor respeto hacia los tribunales; no haber comparecido a la toma de varias deposiciones autorizadas por el tribunal, dilatando así los procedimientos y faltando al deber de puntualidad que establece el Canon 12; haber abandonado la representación de un cliente sin solicitar la autorización del tribunal para renunciar a tal representación, según lo requiere el Canon 20; e infringir el Canon 35 al incurrir en conducta carente de la sinceridad y la honradez que deben observar los abogados cuando comparecen ante los foros judiciales.

El 27 de diciembre de 2004 González Cardona contestó la querella. Alegó, en esencia, que la querella presentada era "frívola, sin fundamento en derecho y una que representa un desquite o represalia por parte del Procurador General".

El 2 de marzo de 2005 nombramos a un Comisionado Especial para que, en presencia de las partes, recibiera la prueba y nos rindiera el informe correspondiente. La vista quedó pautada para el 5 de mayo de 2005. El querellado solicitó que se pospusiera. El Comisionado entonces señaló la vista para el 29 de junio de 2005. A este segundo señalamiento, el señor González Cardona no compareció ni se excusó. Por tercera ocasión, se señaló la vista para el 6 de octubre de 2005. Llegada esa fecha, el querellado tampoco compareció.

Ante esta situación, el 14 de octubre de 2005 el Comisionado Especial optó por informarnos las reiteradas incomparecencias de González Cardona, las que calificó de injustificadas. Enterados del proceder del querellado, el 18 de noviembre de 2005 le concedimos un término para que mostrara causa por la cual no debía ser separado de inmediato debido a sus injustificadas incomparecencias a los referidos señalamientos de vistas.

El señor González Cardona compareció ante nos doce días después del término que le habíamos concedido. Explicó que sus incomparecencias se debían a que hacía tres años residía en el estado de Florida, donde había mudado su domicilio. Que había dejado un apartado postal en Puerto Rico y un familiar le recogía allí su correspondencia "cada tres o cuatro semanas" y se la enviaba a la Florida. Por ello, adujo que su correspondencia se demoraba "de seis a ocho semanas" en llegarle. En fin, por primera vez nos notificó su dirección postal de Florida y solicitó un término adicional de treinta días para viajar a Puerto Rico y contratar a un abogado para agilizar los procedimientos en este caso.

El 8 de febrero de 2006, habiendo transcurrido más de dos meses de esta última comparecencia, decretamos su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía mediante la Opinión Per Curiam In re González Cardona, 167 D.P.R. 106 (2006). En esa ocasión concluimos que, al ausentarse injustificadamente a las vistas convocadas para dilucidar la querella en su contra —por cuya razón no pudo adjudicarse en los méritos—, y al no notificarnos durante tres años de su cambio de dirección postal o física, tanto de su residencia como de su oficina, había incumplido con varios deberes medulares que tenía como abogado.

En reacción a su suspensión del ejercicio de la profesión, el 7 de abril de 2006 el Sr. Eugenio González Cardona presentó una Moción Informativa y en Repudio a Decisión Discriminatoria. En ésta, de manera irrespetuosa, les imputó parcialidad y prejuicio a algunos de los miembros de este Tribunal. Las expresiones que realizó fueron las siguientes:

[R]ecientemente este alto foro emitió dos decisiones contra este abogado claramente discriminatorias, obscenas, motivadas políticamente, completamente ilegales, caprichosas y sobretodo que repugnan e[l] sistema civilizado de Derecho como el que la Constitución de los Estados Unidos exige. Son dos decisiones completamente inmorales, faltas de ética y fundamento jurídico que merecen nuestro más decidido repudio y que combatiremos agresivamente hasta las últimas consecuencias en todos los foros federales [y] administrativos tanto en Puerto Rico como en el Estado de la Florida. Obviamente, me refiero a los dos casos de epígrafe,1 que representaron un claro conflicto ético para la Juez ... que fue juez y parte como pasada Secretaria de Justicia en ambos casos. Sin embargo, ni siquiera se inhibió aunque se le solicitó oportunamente.

Pero primero, quiero expresar todo mi agradecimiento al grupo de jueces que no se dejaron presionar e intimidar por unos jueces claramente prejuiciados políticamente y que actuaron con toda la mala fe del mundo, con ánimo revanchista, ilegal, prepotentes y una actitud contumaz. Estos jueces que así actuaron son los jueces populares ..., la mencionada juez ... y la juez ... Me imagino que mucho tendrán que explicar a las autoridades que investigarán [e]ste caso a la luz de la jurisprudencia misma de este mismo Tribunal, la decisión del Tribunal Apelativo (sic), pero sobre todo de la decisión del juez de primera instancia ..., hoy juez del Tribunal Apelativo (sic). Desafortunadamente para este trío de jueces, una mera lectura al libro de Derecho Penal del profesor Chiesa les hubiese refrescado la memoria respecto a la figura jurídica del fruto del árbol ponzoñoso y le hubiesen devuelto el caso al Procurador General inmediatamente.

Y no esperar más de 2 años buscando una mayoría que nunca consiguieron.

Obviamente, existieron otras motivaciones que en su día señalaremos y probaremos. Sin embargo, dejemos que sean otras personas quienes pasen juicio sobre [e]stas decisiones repugnantes a la justicia y al buen nombre de este alto foro.

Respecto al caso de Conducta Profesional, que insistimos, está íntimamente relacionado con el otro, he nombrado al Lcdo. Jorge Gordon Menéndez para que presente toda la prueba que poseo para demostrar lo equivocado, la mala fe de la decisión. Sin embargo, mis abogados del Estado de la Florida también tocarán algunos aspectos en conjunto con la intervención indebida de la juez Rodríguez y el Procurador Ramos, además de las querellas que se someterán a nivel federal y la posible intervención del Procurador General del Estado de la Florida, Charlie Crist y las Asociaciones de abogados del Estado que velan contra la discriminación.

Dada la gravedad de toda ésta situación creada por [e]stas decisiones, próximamente estaré viajando a Puerto Rico para reunirme con el Lcdo. Gordon y entregarle toda la documentación disponible de ambos casos. Además, aunque no soy político ni nunca he trabajado con gobierno alguno, he seguido la recomendación y hemos solicitado y estamos solicitando todavía reuniones con el Presidente del Senado Kenneth McClintock, para denunciar lo que está pasando [en] el Tribunal Supremo de manera que el actual puesto vacante lo ocupe un juez con ideología estadista y no dejen pasar otro nombramiento. También denunciaremos y le explicaremos toda ésta situación a[]l Senador Pedro Ros[s]elló y al Lcdo. Romero Barceló.

Examinadas estas expresiones, y en vista de que el querellado se encontraba suspendido, el 1 de mayo de 2006 ordenamos unir al expediente de este caso la referida Moción para que fuese considerada cuando solicitara reinstalación.

El 17 de marzo de 2008 el señor González Cardona peticionó su reinstalación al ejercicio de la abogacía. En la moción que presentó a esos efectos explicó las razones por las cuales realizó las citadas expresiones. Adujo que nunca entendió porqué este Tribunal no alcanzó una mayoría que lo favoreciera en Pueblo v. González, 167 D.P.R. 350 (2006) (Sentencia). Ello, unido a que decretamos su suspensión indefinida en In re González Cardona, 167 D.P.R. 106 (2006), le hicieron pensar que se este Foro discriminaba en su contra. A esos efectos manifestó: "En aquel momento me encontraba sumamente furioso por la acción viciosa y contumaz del Departamento de Hacienda contra mi persona llevando un caso viciosamente por 10 largos años que estropearon mi vida económica y tuve que dejar la Isla".

Expresó su arrepentimiento y ofreció disculpas a los miembros de este Tribunal por la forma irrespetuosa en que se dirigió en aquella ocasión. Ahora bien, estableció que "comprend[e] que muchas veces la frustración y el fragor en la litigación puede ocasionar que un abogado caiga en esa...

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