Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 27 de Octubre de 2014 - 191 DPR ___
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | CC-2013-128 |
| DTS | 2014 DTS 127 |
| TSPR | 2014 TSPR 127 |
| DPR | 191 DPR ___ |
| Fecha de Resolución | 27 de Octubre de 2014 |
Certiorari
2014 TSPR 127
191 DPR ___ (2014)
191 D.P.R. ___ (2014)
2014 DTS 127 (2014)
Número del Caso: CC-2013-128
Fecha: 27 de octubre de 2014
Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de San Juan
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. José J.
Santiago Meléndez
Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. Javier Rivera Longchamps
Procedimiento Civil, Reglas 27.1 y 23.1
Descubrimiento de prueba: deposición a abogado que trabaja en el mismo bufete que el abogado de la parte contraria; extensión de lo resuelto en Ades v.
Zalman, 115 D.P.R. 514 (1984) y Canon 22 de Ética Profesional.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES .
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2014.
Nos corresponde resolver si una parte, durante el descubrimiento de prueba, puede tomarle una deposición a un abogado que trabaja en el mismo bufete que el abogado de la parte contraria sin demostrar justa causa. Para contestar esa interrogante, debemos sopesar si extendemos lo resuelto en Ades v. Zalman, 115 DPR 514 (1984), a los hechos que nos ocupan. Luego de analizar el asunto con detenimiento, concluimos que procede extender a este caso lo resuelto en Ades v. Zalman, íd.
El Sr. Víctor Alvear Maldonado presentó una demanda en contra de Ernst & Young, LLP (EY), en la que reclamó al amparo de la Ley de Procedimiento Especial Sumario, Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 et seq., la suma de $99,800 por concepto de unas horas que trabajó, pero supuestamente no le fueron compensadas.
EY contestó que el tribunal carecía de jurisdicción porque el señor Alvear Maldonado no había agotado ciertos remedios de mediación y arbitraje. Alegó que la compañía tenía una política que obligaba a los empleados a resolver las disputas en un procedimiento de arbitraje. Sostuvo que el señor Alvear Maldonado era empleado exento y, como tal, le aplicaba esa política.
Ante ello, el señor Alvear Maldonado alegó que era socio de EY y, por lo tanto, no le aplicaba la política de arbitraje dirigida a los empleados. EY replicó que, de acuerdo a los modelos de sus contratos de sociedad, la política de arbitraje también aplicaba a sus socios.
El señor Alvear Maldonado presentó una moción, fundamentada en los Cánones 21 y 22 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, para descalificar al bufete Fiddler, González y Rodríguez (FGR), quien fungía como representante legal de EY. El señor Alvear Maldonado alegó que cuando fue socio de EY sostuvo varias reuniones con abogados de FGR en las que compartió información confidencial que en el presente pleito pretendían utilizar en su contra. Adujo, además, que se proponía citar como testigo al Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, quien fue socio de EY durante el mismo tiempo que el señor Alvear Maldonado fungió como socio de la compañía y, además, trabajaba como abogado en FGR.
EY alegó que no procedía la descalificación del bufete FGR. Sostuvo que no existía un conflicto de interés porque FGR nunca tuvo una relación de abogado-cliente con el señor Alvear Maldonado en su carácter personal, sino con EY.
El foro primario resolvió que no existía un conflicto de interés bajo el Canon 21, supra, y denegó la moción de descalificación bajo ese fundamento. Sin embargo, permitió cierto descubrimiento de prueba para justificar la presentación del licenciado Cañellas Fidalgo como testigo del señor Alvear Maldonado.
Posteriormente, el señor Alvear Maldonado presentó una solicitud de producción de documentos y requerimiento de admisiones que EY objetó parcialmente por entender que excedía lo pautado por el tribunal.
Ante la objeción de EY, el señor Alvear Maldonado alegó que, de acuerdo a los documentos que fueron entregados por EY, el señor Alvear Maldonado era socio de la compañía y no empleado. Sostuvo que el licenciado Cañellas Fidalgo, como excompañero socio de EY, podía testificar sobre este hecho y sobre otros asuntos relacionados a la controversia. El señor Alvear Maldonado reiteró la solicitud de descalificación.
EY alegó que la descalificación no procedía porque no se demostró, como exige el Canon 22 de Ética Profesional, supra, que el testimonio que emitiría el licenciado Cañellas Fidalgo sería perjudicial para el cliente de FGR. Por otra parte, sostuvo que la controversia sobre la cual testificaría el licenciado Cañellas Fidalgo se había tornado académica porque EY aceptó que el señor Alvear Maldonado era socio y no empleado.
El Tribunal de Primera Instancia determinó que dado que EY aceptó que el señor Alvear Maldonado era socio, la utilización del licenciado Cañellas Fidalgo para probar ese hecho se había tornado académica.
El señor Alvear Maldonado solicitó una reconsideración de ese dictamen y argumentó, en lo pertinente, que el testimonio del licenciado Cañellas Fidalgo no se limitaría a la controversia sobre su clasificación como socio, sino que atendería también otros asuntos del caso. Ante ello, el foro primario permitió que el señor Alvear Maldonado sometiera al licenciado Cañellas Fidalgo a una deposición y ordenó la producción de una serie de documentos.
EY se opuso a la toma de deposición y a la producción de documentos por dos razones. Primero, entendía que la mayoría de los temas a cubrirse en la deposición tenían el propósito de probar algo que ya no estaba en controversia, a saber, el carácter de socio del señor Alvear Maldonado.
Segundo, sostuvo que el testimonio del licenciado Cañellas Fidalgo no era indispensable y que la información que se quería obtener a través de su testimonio podía obtenerse por conducto de otros testigos u otros medios menos onerosos. En esencia, EY argumentó que la norma pautada por el Tribunal Supremo en Ades v. Zalman, 115 DPR 514 (1984), para los abogados de las partes, aplicaba igualmente a los socios de ese abogado.
El 1 de octubre de 2012, el foro primario reiteró que el señor Alvear Maldonado podía deponer al licenciado Cañellas Fidalgo. Destacó el marco amplio y liberal del descubrimiento de prueba en nuestro ordenamiento jurídico.
Inconforme, EY acudió ante el Tribunal de Apelaciones vía una petición de certiorari. Ese foro denegó la expedición del auto.
Nuevamente inconforme, EY acudió ante este Tribunal. Expedimos el auto de certiorari
solicitado por EY. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos la controversia planteada.
La Regla 27.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, "no contiene limitaciones respecto a quiénes se les puede tomar deposiciones". Ades v. Zalman, supra, pág.
518. Por el contrario, la regla establece que "cualquier parte podrá tomar el testimonio de cualquier persona". Regla 27.1 de Procedimiento Civil, supra.
Esa liberalidad tiene su base en las características del descubrimiento de prueba.
El descubrimiento de prueba se extiende a cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el pleito. Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Véanse: Berrios Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962 (2009); Rivera y otros v. Bco.
Popular, 152 DPR 140, 152 (2000); Ortiz v. ELA, 125 DPR 65 (1989).
Las reglas que lo rigen "se basan en el concepto básico de que antes del juicio toda parte en la litigación tiene el derecho a obtener el descubrimiento de toda la información que esté en posesión de cualquier persona". J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs.
JTS, 2011, T. III, pág. 835.
Véase, además, SLG
Valencia v. García García, 187 DPR 283 (2012).
Ahora bien, en ocasiones hemos encontrado limitaciones al descubrimiento de prueba cuando razones de política pública así lo aconsejan. En Ades v. Zalman, supra, aun cuando aclaramos que la condición de ser abogado no crea una inmunidad contra la toma de deposiciones, resolvimos que cuando una parte intenta deponer al abogado de la parte contraria debe probar que existe justa causa para ello. Es decir, la parte que interesa la deposición debe probar que "la información que se busca descubrir a través del abogado [no] es susceptible de ser obtenida de otras personas o medios menos onerosos y complejos". Id., pág. 525.
En ese caso destacamos varias razones por las cuales debíamos limitar de esa forma las deposiciones al abogado de la parte contraria: no hacerlo 1) "conllevaría el agudo riesgo de añadirle un elemento más a las tensiones que se crean en un proceso adversativo entre los representantes legales", id., pág. 521; 2) colocaría al abogado en la compleja situación de ser defensor y testigo a la misma vez; 3) "puede convertirse en un medio mortificante, abusivo y opresivo no solo hacia ese abogado, sino hacia su representado", id., pág. 523; y 4) la discusión de cuál pregunta soslaya el privilegio abogado-cliente dilataría innecesariamente el curso normal del pleito. Id., pág. 525.
Lo resuelto en Ades v. Zalman, supra, realmente era parte de una corriente jurisprudencial que intentaba armonizar la amplitud del descubrimiento de prueba con los conflictos que conllevaba la deposición al abogado de la parte contraria. Véanse: In re Arthur Treacher's Franchisee Litigation, 92 FRD 429 (E.D. Pa. 1981), Draney v. Wilson, 30 Fed. R. Serv.2d 960 (D. Ariz. 1980), Walker v. United Parcel Services, 87 FRD 360 (E.D. Pa. 1980); In re Penn Central Litigation, 61 FRD 453 (S.D.N.Y. 1973). Véase, además, Timothy Flynn, Jr., On "Borrowed Wits": A proposed Rule for Attorney Depositions, 93 Colum. L.
Rev. 1956, 1969-1973 (1993).
El tema alcanzó su cúspide en Shelton v. American Motors Corporation, 805 F.2d 1323 (8vo Cir. 1986), dos años después de nosotros resolver Ades...
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