Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 26 de Junio de 1968 - 96 D.P.R. 270
Emisor | Tribunal Supremo |
DPR | 96 D.P.R. 270 |
Fecha de Resolución | 26 de Junio de 1968 |
96 D.P.R. 270 (1968) PUEBLO V. TRIBUNAL SUPERIOR
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
EL PUEBLO DE PUERTO RICO, peticionario
vs.
TRIBUNAL SUPERIOR DE PUERTO RICO, SALA DE BAYAMÓN,
HON.
RAFAEL ARROYO RIOS, JUEZ, demandado;
FELICITA BELEN DE JESUS, interventora
Núm. O-67-418
96 D.P.R. 270
26 de junio de 1968
PETICIÓN DE CERTIORARI para revisar una RESOLUCIÓN de Rafael Arroyo Ríos, J. (Bayamón) declarando inadmisible cierta evidencia en un caso criminal. Revocada, y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos.
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REGISTROS E INCAUTACIONES--PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIOS--Es renunciable el derecho a que no se registre la morada en ausencia de una orden de registro o allanamiento expedida de acuerdo con la correspondiente disposición constitucional.
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ID.--IRRAZONABLES O ILEGALES--PERSONAS CON DERECHO A LEVANTA CUESTIONES DE VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES--RENUNCIA DE O CONSENTIMIENTO AL REGISTRO O SECUESTRO--Claro e inequívoco debe ser el consentimiento prestado por una persona bajo arresto para que se registre su residencia sin la correspondiente orden de allanamiento. Este debe establecerse mediante prueba clara y positiva demostrativa de que no existió coerción de clase alguna, directa o indirecta, para que dicha arrestada prestara tal consentimiento.
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DERECHO CONSTITUCIONAL--DEBIDO PROCEDIMIENTO DE LEY--PROCESO POR DELITOS U OFENSAS--DERECHO A ESTAR REPRESENTADO POR LETRADO--No son de aplicación a casos criminales cuyos hechos sucedieron en la segunda mitad del año 1963, las doctrinas expuestas en Escobedo v. Illinois,
378 U.S. 478 (1964), Miranda v. Arizona, 384 U.S.
436 (1966) y Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría 92:765 (1965).
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REGISTROS E INCAUTACIONES--IRRAZONABLES O ILEGALES--PERSONAS CON DERECHO A LEVANTAR CUESTIONES DE VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES--RENUNCIA DE O CONSENTIMIENTO AL REGISTRO O SECUESTRO--Son admisibles en evidencia objetos ocupados sin una orden de allanamiento en la residencia de una arrestada cuando ésta, luego de negarse a firmar una declaración que prestó por razón de no haber tenido la oportunidad de consultar con un abogado, inmediatamente invita a los agentes del orden público a que registren su casa.
J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Juan José Ríos Martínez, Procurador General Auxiliar, abogados del peticionario.
Mario A. Rodríguez, abogado de la interventora.
PER CURIAM Felícita Belén de Jesús fue acusada de asesinato en segundo...
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