Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Abril de 2017, número de resolución KLAN201500801
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLAN201500801 |
| Tipo de recurso | Apelación |
| Fecha de Resolución | 28 de Abril de 2017 |
| | | APELACIÓN procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón Núm. Caso TPI: D DP2009-1132 Sobre: Daños y Perjuicios |
Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes.
Birriel Cardona, Jueza Ponente
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017.
Comparece ante nos la parte apelante denominada por Universal Insurance Company (en adelante Universal); Freddy Varela (en adelante señor Varela), Luz Varela y la Sociedad de Bienes Gananciales (SBG) compuesta por ambos, mediante recurso de Apelación y nos solicita la revisión de la sentencia dictada el 20 de abril de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Bayamón.
En el referido dictamen, el TPI declaró con lugar la Demanda y Demanda Enmendada y ordenó a la parte apelante a pagar la suma de $395,828.00 a favor del menor Christian Vázquez Acosta (en adelante Vázquez) y $80,000.00 a favor de Ramonita Acosta Negrón (señora Acosta), madre de Vázquez (en conjunto la parte apelada). Además, impuso a Universal la cantidad de $10,000.00 por temeridad.
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, pasemos a resolver.
La parte apelada presentó demanda en daños y perjuicios contra la parte apelante. En esta acción también incluyó a Pediatric Acute Care PSC (Pediatric Acute); el Dr. Ángel Martínez (Dr.
Martínez), su esposa y la Sociedad de Bienes Gananciales (SBG) compuesta por éstos y la compañía de seguros Dr. Martínez (identificada con nombre ficticio); contra Dorado Health, Inc. (Dorado Health) y su compañía de seguros (identificada con nombre ficticio); John Doe y Richard Doe (nombres ficticios designados para el personal médico del Hospital Dorado Health, Inc.).
El 14 de marzo de 2010 la apelada presentó Demanda Enmendada para incluir a CNA HEALTH PRO como entidad aseguradora de Dorado Health y a SIMED como la entidad aseguradora del Dr. Martínez. Ambas habían sido identificadas con nombres ficticios en la demanda original.
La parte apelada alegó en la demanda que el 28 de diciembre de 2008 Vázquez sufrió una caída mientras utilizaba un camino ubicado en la finca del señor Varela. Este último transportó a Vázquez a Sala de Emergencia del Manatí
Medical Center donde fue atendido por el Dr. Martínez quien suturó la herida sin haber realizado un examen y/o evaluación completa y dió de alta al paciente sin estabilizarlo ni tratarlo adecuadamente, lo que lo llevó a perder la pierna izquierda. También, aduce que Pediatric Acute responde por negligencia en la selección del Dr. Martínez para atender la Sala de Emergencia. Asimismo, indicó que Dorado Health y su aseguradora responden por ser los tenedores de la facilidad médica que ofreció el servicio de emergencia.
Por estos hechos, la parte apelada reclamó $1,500,000.00 en concepto de daños sufridos. Se incluye en esta partida los padres del menor.
Por su parte, la parte apelante niega responsabilidad y alegó que Vázquez tenía edad suficiente para darse cuenta de los riesgos, por ende, lo hace responsable de sus propios daños. Así las cosas, la parte apelante presentó Demanda contra Coparte contra el Dr. Martínez, su esposa y SBG compuesta por ambos y SIMED; y en contra de Dorado Health y su aseguradora Continental Insurance Company.
Tras varios trámites procesales, se llevó a cabo el juicio en su fondo. Antes de que comenzara la vista, la parte apelada informó que había llegado a un acuerdo privado con Dorado Health y Continental Insurance Company.
Conforme a ello, se dictó sentencia parcial. Posteriormente, y luego de comenzada la vista en su fondo, se desestima la causa de acción del padre de Vázquez. A su vez, la parte apelada anuncia que había llegado a un acuerdo con el Dr. Martínez, su esposa y SBG compuesta por ambos; y su aseguradora SIMED por el monto de la póliza.
Conforme a lo anterior, el TPI dictó sentencia a favor de la parte apelada, declara con lugar la Demanda e impone a la parte apelante la obligación de pagar a Vázquez la suma de $395,828.00 y a su madre, la señora Acosta $80,000.00. Asimismo, le ordenó pagar a Universal la cantidad de $10,000.00 por temeridad.
Inconforme con esta decisión, la apelante le imputa al TPI los siguientes errores:
ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EL ACCIDENTE OCURRIÓ ÚNICAMENTE POR LA NEGLIGENCIA DE LA PARTE APELANTE.
ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE LA CAUSA ADECUADA QUE REPERCUTIÓ EN LA AMPUTACION DE LA PIERNA IZQUIERDA DEL DEMANDANTE CHRISTIAN VÁZQUEZ ACOSTA FUE LA HERIDA SUFRIDA EN LA FINCA DEL DEMANDADO FREDDY VARELA.
ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE NO SE PASÓ PRUEBA SOBRE EL HECHO DE QUE EL TRATAMIENTO MÉDICO RECIBIDO EN EL MANATI MEDICAL CENTER CAUSÓ LA PÉRDIDA DE LA PIERNA.
ERRÓ EL TPI AL DISPONER EN EL JUICIO QUE EL PERITO DE LA PARTE DEMANDADA NO PODIA TESTIFICAR SOBRE LA CUESTIÓN ÚLTIMA.
ERRÓ EL TPI AL CONCEDER A RAMONITA ACOSTA NEGRÓN $80,000.00 EN CONCEPTO DE SUFRIMIENTOS Y ANGUSTIAS MENTALES.
ERRÓ EL TPI AL NO DETALLAR LA PORCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS DEMANDADOS.
ERRÓ EL TPI AL NO ADJUDICAR LAS RECLAMACIONES DE COPARTE QUE PRESENTÓ LA PARTE APELANTE CONTRA LOS CODEMANDADOS QUE TRANSIGIERON CON LA PARTE APELADA.
ERRÓ EL TPI AL DECLARAR A LA PARTE APELANTE TEMERARIA E IMPONER HONORARIOS DE ABOGADO EN LA SUMA DE $10,000.00.
La responsabilidad civil por daños extracontractuales surge del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141, en el que se establece que el que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 DPR 692 (1979); Gierbolini v.
Employers Fire Ins. Co., 104 DPR 853 (1976). Para que exista responsabilidad bajo este artículo es necesario que ocurra una acción u omisión, un daño y la correspondiente relación causal entre el daño y la conducta culposa o negligente. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170 (2008); Reyes v.
Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305 (1970); Pérez Escolar v. Collado, 90 DPR 806 (1964).
El concepto de culpa, es infinitamenteabarcador, tanto como lo pueda ser la conducta humana. En virtud de ello, se ha reconocido que el referido concepto incluye cualquier falta de una persona que produce un mal o daño.
Leyva v. Aristud, 132 DPR 489 (1993); Colón v. Romero Barceló, 112 DPR 573 (1982); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305 (1970). Así pues, es ilícita la conducta o el...
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