• Revista Clave

Editorial:
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Fecha publicación:
2012-05-11

Últimos documentos

  • Barreras de la comunidad sorda en el acceso a la justicia durante la etapa inicial del proceso penal: Violación al Debido Proceso de Ley

    Este escrito tiene el propósito principal de ilustrar la necesidad de que se reconozca la existencia del Debido Proceso de Ley en todas las etapas del procedimiento criminal. Uno de los sectores más vulnerables e invisibles dentro del tema del acceso a la justicia es el de las personas de la comunidad sorda, quienes sufren una barrera lingüística que los coloca en una posición de extrema vulnerabilidad. Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), se enfrentó a dos (2) controversias en las cuales las partes involucradas son personas con deficiencias auditivas a quienes no se les brindó un acomodo razonable en la vista de causa probable para arresto y por lo tanto, no pudieron entender lo ocurrido en las mismas. Surge la interrogante de si el derecho al Debido Proceso de Ley, incluyendo el acomodo razonable de una persona sorda, se extiende a la etapa más temprana del procedimiento criminal en la cual se determina si existe causa probable para arresto. Según las expresiones de una mayoría, parece ser que la negativa de brindar un acomodo razonable mediante la provisión de un intérprete durante la etapa de Regla 6 del Procedimiento Criminal, no ha sido considerada como una violación a la garantía constitucional del Debido Proceso de Ley por el TSPR. Mediante la exposición de alguna legislación y jurisprudencia pertinentes al tema, se demostrará el deber del Estado en garantizar que las personas sordas entiendan y se puedan comunicar en la etapa inicial del proceso penal, salvaguardando su derecho constitucional al Debido Proceso de Ley. La discusión de lo anterior permitirá hacer una denuncia de las barreras al acceso a la justicia que enfrenta la comunidad sorda en los procedimientos criminales.

  • The Trump Travel Ban: Revoking America's Core Values

    On 2017, President Trump signed an Executive Order that created havoc on America’s airports, embassies & consulates, and the world in general. His actions sparked a debate worldwide and reignited the importance of America’s historic values as a country which welcomes immigrants of all kind. This present writing presents to its readers the basic concept of the travel ban enacted by President Trump, the confusion and legal issues it raised as to the President’s power in utilizing Executive Orders while going against not only the values of the U.S., but against the Constitution and the Immigration and Nationality Act in being a travel ban that is one discriminatory in nature. The issue is that if a travel ban like this is to be enforced, then what will be the limits. How can a country known for welcoming immigrants and being one of opportunities promote such travel bans blocking many people because of what passport they hold? The Trump travel ban has been revised in multiple occasions, mostly during litigation. During the course we will see how a Muslim-Ban disguised as a travel ban in the interest of national security has been revised to try to overcome that presumption fruitlessly while avoiding to conduct meaningful revisions in vetting procedures to avoid barring the majority from entering the U.S. If a travel ban is acceptable to America, then America has demonstrated a disregard to its history and values. More importantly, a disregard in advancing human and cultural interests.

  • El artículo 3.1 de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral: Un atropello al trabajador puertorriqueño y la intención de la Asamblea Constituyente

    Hasta el 26 de enero de 2017, el inciso (a) de la Ley de Jornada de Trabajo establecía que se consideraban como horas extra aquellas que un empleado trabaje para su patrono en exceso de ocho horas durante cualquier período de veinticuatro horas consecutivas. El Gobierno de Puerto Rico aprobó la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral (mejor conocido como la Reforma Laboral del 2017) y en su Sección 3.1 cambió nuestra jornada laboral de ocho horas naturales a ocho horas calendario (periodo de 12:00 am a 11:59 pm que comprenda veinticuatro horas). El trabajador del sector privado en Puerto Rico recibe compensación extraordinaria en exceso de estas ocho horas. Este cambio de lenguaje, en conjunto con la enmienda que hace el periodo de descanso entre turnos de un mínimo de ocho horas, potencialmente le permite a un patrono obligar que un empleado trabaje dieciséis horas en un periodo de veinticuatro horas naturales sin compensación extraordinaria. Esta situación en la que se podrá ver a un trabajador contratado después del 26 de enero del 2018 es contraria a la intención de la Asamblea Constituyente y su sapiencia cual plasmada en la Sección 16 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por lo que la Sección 3.1 de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral es inconstitucional.

  • La realidad sociológica de la Trata Humana

    Este escrito tiene el propósito de exponer el delito de la trata humana como una problemática social desatendida en Puerto Rico y una clara violación de derechos humanos. Inicia con la presentación de algunas noticias que ofrecen un panorama del discurso actual con el cual se presenta el tema a través de distintos medios de comunicación en el país. Continúa con una investigación sobre la definición e historia del tema y los conceptos relacionados como el tráfico de personas, esclavitud, trabajo forzado, explotación sexual, entre otros. Se enfatiza cómo las mujeres, siendo las principales víctimas de este delito, han asimilado las conductas relacionadas como una denominada violencia simbólica que se ha reproducido a través de expresiones de poder, perpetuando las condiciones de vulnerabilidad. En este sentido, se ofrecen datos empíricos de distintas investigaciones realizadas, tanto en Puerto Rico, como en países donde se dan las condiciones similares para que estos actos se lleven a cabo. En tercer lugar, se explican las distintas modalidades en que ocurre la trata humana, así como el perfil de las víctimas y el de los tratantes y la manera en que opera esta red. Concluye con una invitación a conocer y estudiar esta problemática más a fondo, así como recomendaciones de métodos que lograrían visibilizar la problemática real para poder evitar la continuación de estas conductas.

  • Constitucionalismo Democrático y Recurso de Protección: Una eventual relación entre derechos fundamentales y Tribunales de Justicia chilenos

    Las Cortes de Apelaciones y la Corte de Suprema de Chile, desde el período de retorno a la democracia, han avanzado una labor de desarrollo y determinación del contenido de los derechos fundamentales. La vía utilizada para dicha tarea ha sido de forma principal el Recurso de Protección. Parte de la doctrina que se ha referido a esta ocupación judicial ha criticado la pertinencia de la injerencia jurisdiccional en este sentido. El autor propone que es posible, y sobre todo deseable, que las Cortes superiores de Chile sigan abocándose en conocer, determinar y delimitar el contenido de derechos fundamentales. Para sostener esto, se propone extraer las principales ideas de la doctrina constitucional estadounidense denominada "Constitucionalismo Democrático".

  • De la creencia en los símbolos jurídicos del franquismo a la reflexión humanitaria sobre la proporcionalidad del sacrificio en las guerras, el retrato de la retirada española de las Filipinas en dos obras del cine: 'Los Últimos de Filipinas', de 1945, y '1898 - Los Últimos de Filipinas', de 2016

    El presente trabajo pretende, partiendo de reflexiones sobre dos obras del cine, "Los Últimos de Filipinas", de 1945, y "1898 - Los Últimos de Filipinas", de 2016, explorar e identificar los contextos históricos (especialmente político y jurídico) de la resistencia española en Baler, a finales del siglo XIX. Con ese objetivo, son recuperados los elementos centrales de la guerra hispano-estadounidense, el naufragio del navío Maine y la forma como la prensa de la época lo utilizó para la movilización por la guerra. También se expone una síntesis de los principales hechos que llevaron a la guerra filipino-estadounidense, los trazos característicos del colonialismo tardío y los principales hechos históricos conocidos sobre el sitio de Baler. Por medio de la complicidad y de la sensibilidad del cine, es posible ver y sentir la influencia de perspectivas político-jurídicas, tales como la imperialista, que proyectan sus consecuencias en los Derechos Humanos hasta hoy.

  • Right to Health in the Oldest Colony of The World: An Interdisciplinary Participatory Action Research

    Este artículo tiene el propósito de presentar la condición colonial de Puerto Rico (PR) y sus implicaciones para el derecho a la salud. A través de la metodología de investigación-acción-participativa (IAP), se exploraron las experiencias de los participantes con los servicios de salud en PR, y su conocimiento sobre el derecho a la salud. Clínicas ambulatorias y representaciones artísticas se incorporaron a la IAP. Se analizaron 1,068 cuestionarios. Los resultados demuestran que: el 93% reconoció la salud como un derecho humano; 90% estaba a favor de un sistema universal de salud (SUS); 79% indicó conocer a alguien que emigró para obtener servicios de salud, y el 62% consideraría abandonar la isla para obtener servicios de salud; 73.2% cree que las personas con mayores recursos financieros reciben mejores servicios de salud; y el 90% estuvo a favor de una mayor participación en las decisiones de salud. Aunque se reconoció la salud como un derecho humano, los participantes desconocían los principios y acciones que deben ser garantizados y provistos por el estado para lograrlo. Se recomienda un SUS como una forma de garantizar la salud como un derecho humano sin la interferencia de la industria de la salud con fines de lucro.

  • El Derecho Constitucional a un Salario Mínimo razonable

    La Constitución de Puerto Rico establece el derecho a un salario mínimo razonable. Se trata de parte de una serie de derechos laborales que fueron elevados a rango constitucional en 1952. No obstante, este derecho, a diferencia de otros contenidos en la Sección 16 de la Carta de Derechos, ha recibido poca atención. La impresión generada es que se trata de una aspiración simbólica y no un derecho operativo. Este Artículo propone corregir ese error. Este Artículo estudia y analiza el desarrollo del derecho a un salario mínimo razonable, con miras a brindarle contenido jurídico en el presente. Específicamente, se estudia su evolución de derecho estatutario a requisito constitucional, con las implicaciones normativas que ello conlleva. También se utiliza el derecho internacional para facilitar el análisis en cuanto el contenido sustantivo de este derecho. Además, propone que el derecho constitucional a un salario mínimo razonable exige, tanto a la Asamblea Legislativa como los patronos en general, proveer una remuneración que garantice a los trabajadores y trabajadoras, así como sus familias, unas condiciones dignas de vida que les permitan satisfacer sus necesidades básicas. Por tanto, el pago de un salario que no cumpla con esto sería irrazonable y, por ende, inconstitucional. Para ello, el Artículo aborda dos posibles vías para la puesta en vigor de este derecho constitucional, incluyendo una exigencia directa a la Asamblea Legislativa para que adopte medidas estatutarias en esa dirección, así como una exigencia directa al patrono para que cumpla con la exigencia constitucional.

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