Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 19 de Julio de 1996 - 141 DPR 362
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 141 DPR 362 |
| Fecha de Resolución | 19 de Julio de 1996 |
141 D.P.R. 362 (1996) RODRÍGUEZ TORRES V.
AUTORIDAD EDIFICIOS PÚBLICOS
19 de julio de 1996
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COMPENSACIONES A OBREROS‑‑NATURALEZA Y FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL PATRONO‑‑EN GENERAL.
La figura del "patrono estatutario" establece que todo patrono que cumpla con la obligación legal de asegurar a sus empleados con el Fondo del Seguro del Estado, tendrá inmunidad con respecto a cualquier accidente que éstos sufran en el curso de su empleo. En consecuencia, los empleados sólo pueden reclamar de su patrono los beneficios que provee el Fondo.
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ÍD.‑‑PATRONOS INCLUIDOS‑‑EN GENERAL‑‑PRECEPTOS ESTATUTARIOS‑ ‑PATRONO ASEGURADO.
La inmunidad patronal del Estado se extiende a todas sus agencias e instrumentalidades. Esto es debido a que la fuente del dinero para el pago de la prima al Fondo del Seguro del Estado es una sola: el tesoro público.
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ÍD.‑‑NATURALEZA Y FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL PATRONO‑‑EN GENERAL.
En casos de inmunidad patronal, el concepto "tercero" se refiere a toda persona extraña, ajena y separada de la interacción jurídica que relaciona al patrono estatutario o toda persona aparte del empleado lesionado y su patrono asegurado.
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PUERTO RICO‑‑ESTADO LIBRE ASOCIADO‑‑BIENES, CONTRATOS Y RESPONSABILIDADES‑‑EN GENERAL.
Existen tres (3) grandes tipos de entidades públicas, a saber: (1) las agencias o los departamentos del Gobierno; (2) las corporaciones públicas creadas por estatuto, y (3) las corporaciones de emisión de acciones organizadas al amparo de las leyes de corporaciones privadas y que son controladas parcial o totalmente por el Gobierno.
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CORPORACIONES‑‑INCORPORACIÓN Y ORGANIZACIÓN‑‑CLASES DIFERENTES DE CORPORACIONES‑‑EN GENERAL.
Al determinar si una instrumentalidad es o no una corporación pública, deben examinarse los criterios siguientes: (1) si posee ingresos propios; (2) si tiene autonomía fiscal para realizar préstamos, emisión de bonos y cuentas bancarias; (3) si posee propiedades; (4) si cuenta con una Junta de Directores; (5) si puede aceptar donaciones, y (6) si tiene capacidad para concertar acuerdos o contratos.
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ÍD.‑‑ÍD.‑‑ÍD.‑‑ÍD.
Conforme a los criterios establecidos por la jurisprudencia para determinar si una instrumentalidad es una corporación pública, el Tribunal Supremo ha resuelto que tanto el Banco Gubernamental de Fomento como la Autoridad de Edificios Públicos son corporaciones públicas que funcionan como un negocio o una empresa privada.
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ÍD.‑‑ÍD.‑‑ÍD.‑‑ÍD.
Aunque las corporaciones públicas operan de forma autónoma, son instrumentalidades gubernamentales que responden a unos propósitos eminentemente públicos y los servicios que prestan son esenciales para el buen funcionamiento del Gobierno. Además, los fondos con que operan estas corporaciones se consideran públicos, independientemente de que éstos no pasen a formar parte del presupuesto del Estado.
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COMPENSACIONES A OBREROS‑‑PATRONOS INCLUIDOS‑‑EN GENERAL‑‑PRECEPTOS ESTATUTARIOS‑‑EN GENERAL.
Al determinar si una entidad debe considerarse como un tercero a tenor del Art. 31 de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 31, o si, por el contrario, le debe cobijar la inmunidad de patrono estatutario, deberán examinarse las relaciones contractuales entre el patrono directo del obrero y el alegado segundo patrono estatutario. Sólo se le otorgará inmunidad al patrono sobre quien recae el peso económico del sistema mediante el pago de cuotas anuales.
SENTENCIA de
René Arrillaga Beléndez, J. (San Juan), que declara con lugar cierta solicitud de sentencia sumaria presentada por las demandadas y desestima la demanda sin la imposición de costas ni honorarios de abogados. Revocada y se devuelve el caso al foro de instancia para los procedimientos ulteriores conforme a la opinión.
Jorge M. Suro Ballester, abogado de los recurrentes; Francisco J. Torres, deMena & Dorán, abogado de las recurridas.
EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ EMITIÓ LA OPINIÓN DEL TRIBUNAL.
La demandante recurrente, María Torres Rodríguez, laboraba como economista en el Banco Gubernamental de Fomento, institución que tiene sus oficinas centrales en el complejo gubernamental de oficinas conocido como el "Centro Gubernamental de Minillas", complejo que es "propiedad" de la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico. El 23 de diciembre de 1991, la señora Rodríguez sufrió un accidente o caída ‑‑alegadamente, al resbalar en un charco de aceite‑‑ en un área bajo techo que "conecta" el edificio norte de dicho Centro Gubernamental con el edificio donde están localizadas las oficinas del Banco Gubernamental de Fomento.
Como consecuencia de dicho accidente, la señora Rodríguez, por sí y en representación de sus hijos menores de edad, radicó una demanda, sobre daños y perjuicios, ante el antiguo Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, contra la Autoridad de Edificios Públicos y la compañía aseguradora de ésta, la Corporación Insular de Seguros. La "parte demandada", luego de contestar la demanda, radicó una moción de sentencia sumaria en la cual alegó, en síntesis y en lo pertinente, que la Autoridad gozaba de "inmunidad patronal" por razón de que tanto ésta como el patrono directo de la demandante eran ambas instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Luego de que la parte demandante radicara la correspondiente oposición, el tribunal de instancia dictó sentencia acogiendo el planteamiento de la parte demandada sobre inmunidad patronal o "patrono estatutario". Inconforme, la parte demandante acudió ante este Tribunal imputándole al foro de instancia haber errado al
"... concluir que la AEP es un patrono estatutario de una empleada del Banco Gubernamental de Fomento que sufrió un accidente en el curso de su empleo en un inmueble de la AEP, sin antes determinar la existencia de relación contractual alguna entre la AEP y el Banco Gubernamental de Fomento y sin tomar en consideración que el Banco Gubernamental de Fomento le paga al Fondo del Seguro del Estado las primas para asegurar a sus empleados con fondos que genera de su operación diaria y no de una asignación de fondos del gobierno central." Petición de revisión, pág. 5.
Expedimos el recurso radicado. Estando en posición de resolver el mismo, procedemos a así hacerlo.
I
La figura del "patrono estatutario"tiene sus bases en las disposiciones de los Arts. 19 y 20 de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. secs. 20 y 21. Conforme la misma, todo patrono que cumpla con la obligación legal que tiene de asegurar a sus empleados con el Fondo del Seguro del Estado tendrá
"inmunidad" respecto a cualquier accidente que sufran dichos empleados en el curso de su empleo, únicamente pudiendo reclamar dichos empleados los beneficios que provee el Fondo. Admor. F.S.E.
v. Flores Hnos. Cement Prods., 107 D.P.R.
789, 792 (1978).
En F.S.E. v. E.L.A., 111 D.P.R. 402 (1981), nos enfrentamos a una situación parecida a la que plantea el caso que hoy ocupa nuestra atención. En dicho caso, una empleada de la Policía de Puerto Rico, en funciones de su empleo como conferenciante de dicha agencia gubernamental, sufrió un accidente en una de las escaleras de una escuela del Departamento de Instrucción Pública.1 El Fondo del Seguro del Estado se subrogó en los derechos de dicha empleada y demandó al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, alegando negligencia de parte del Departamento de Instrucción. Resolvimos en dicho caso que la demanda radicada no resultaba procedente en derecho por cuanto, dados los hechos particulares del caso, el Estado no podía ser considerado como un "tercero" en vista del hecho que la inmunidad patronal del Estado se extiende a todas sus agencias e instrumentalidades.2 A esos efectos expresamos que la "fuente del dinero para el pago de la prima al Fondo del Seguro es una sola: el tesoro público".
La demandante recurrente, sin embargo, alega que el caso de autos es distinguible
del caso antes reseñado en vista del hecho de que aquí no se trata de agencias gubernamentales, como lo son la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Instrucción Pública, y sí de corporaciones públicas, como lo son el Banco Gubernamental de Fomento y la Autoridad de Edificios Públicos.3
II
Como es sabido, hay tres (3) grandes tipos de entidades públicas, a saber: (1) las agencias o los departamentos del Gobierno; (2) las corporaciones públicas creadas por estatuto, y (3) las corporaciones de emisión de acciones, organizadas al amparo de las leyes de corporaciones privadas, que son controladas parcial o totalmente por el Gobierno. Torres Ponce v. Jiménez, 113 D.P.R. 58 (1982).
Hemos resuelto, además, que en la determinación de si determinada instrumentalidad es, o no, una corporación pública deben considerarse, entre otros, los siguientes criterios:
"(a) si posee ingresos propios;
(b) si tiene autonomía fiscal para realizar préstamos, emisión de bonos y cuentas bancarias;
(c) si posee propiedades;
(d) si cuenta con una Junta de Directores;
(e) si puede aceptar donaciones;
(f) si tiene capacidad para concertar acuerdos o contratos."4
En cuanto a este aspecto, esto es, el de si una instrumentalidad del Gobierno funciona, o no,
como "empresa o negocio privado", expresamos en A.A.A. v. Unión de Empleados A.A.A., 105 D.P.R. 437, 455 (1976), que los siguientes factores deben ser considerados:
"... si los empleados de la agencia concernida están cubiertos por la Ley de Personal del Estado Libre Asociado; si los servicios prestados por la agencia por su naturaleza intrínseca, nunca han sido prestados por la empresa privada; si la agencia está capacitada para...
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