Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 11 de Enero de 2000 - 150 DPR 10
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | CC-1999-0240 |
| DTS | 2000 DTS 002 |
| TSPR | 2000 TSPR 002 |
| DPR | 150 DPR 10 |
| Fecha de Resolución | 11 de Enero de 2000 |
Katherine Angueira Navarro
Convicto Agapito Pérez Cruz
Confinado Núm. 7-74521
Certiorari
2000 TSPR 2
150 DPR 10
Número del Caso: CC-1999-0240
Fecha: 11/01/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. Feliciano Acevedo
Abogados de la Parte Peticionaria: Por Derecho Propio
Materia: Revisión de Decisión Administrativa
ADVERTENCIA
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Negrón García
San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2000
Opinión, "concepto o parecer que se forma de una cosa cuestionable". 1 Este recurso es vivo ejemplo del principio rector de que "para juzgar u opinar, hay que conocer".
En marzo de 1978, Katherine Angueira Navarro fue víctima de los delitos de secuestro, robo y violación.2 Por estos delitos resultaron culpables y sentenciados Ramón Pérez Cruz, Agapito Pérez Cruz y Jorge L. Rivera Cruz.
Después de la liberación bajo palabra de Ramón Pérez Cruz, el 17 de abril de 1996 la Junta le notificó a Angueira Navarro que tenía ante su consideración igual solicitud de otro de sus ofensores, Agapito Pérez Cruz y ella tenía derecho a comparecer por escrito ante la Junta a exponer su opinión.
Idénticas notificaciones le fueron cursadas el día 30 del mismo mes y el 14 de mayo. Por escrito, Angueira Navarro expresó su interés en participar en esa determinación. Pidió vista sin la presencia de su ofensor Agapito, para opinar personalmente. A tal efecto, solicitó examinar los expedientes de los tres ofensores y: 1) copia del reglamento aplicable a la participación de la víctima en el procedimiento; 2) una explicación de por qué Agapito Pérez Cruz había estado bajo la jurisdicción de la Junta desde 1990; 3) historial de cualquier trámite previo ante la Junta; 4) información sobre incidentes violentos e infracciones a la ley cometidos por Agapito Pérez Cruz después de la convicción por los delitos cometidos en su contra; 5) información referente a la rehabilitación de Agapito Pérez Cruz; 6) información sobre el cumplimiento de la sentencia de Agapito Pérez Cruz en cuanto a bonificaciones, acciones disciplinarias, pruebas de sustancias controladas, prueba de HIV y su plan de salida incluyendo la dirección exacta donde iría a residir y a trabajar.
A pesar de estos pedidos específicos, la Junta le envió una nueva notificación sobre su derecho a comparecer por escrito a expresar su opinión; Angueira Navarro se reiteró.
Luego de un reseñalamiento, la Junta celebró vista a la cual asistió Angueira Navarro. Sin embargo, ella se negó a exponer su criterio sobre la posible liberación bajo palabra de Agapito Pérez Cruz hasta tanto examinara su expediente, gestión a su juicio necesaria para opinar informadamente. La Junta denegó acceso por el fundamento de que era confidencial. Luego, el 24 de noviembre de 1997, le notificó que había concedido la libertad bajo palabra.
Inconforme, Angueira Navarro acudió en revisión al Tribunal de Circuito de Apelaciones. Planteó que la Junta erró al no darle oportunidad de ver el expediente. Además, que la Junta incidió al decidir, sin haber aprobado un reglamento que rigiera la participación de la víctima en el procedimiento de concesión de la libertad bajo palabra de su ofensor. Previa comparecencia de la Junta, el 20 de enero de 1999, dicho foro (Jueces Hons. López Vilanova, Cordero y Feliciano Acevedo) confirmó.
A solicitud de Angueira Navarro revisamos.3
A modo de prólogo examinemos si este recurso no se ha tornado académico por razón de la Junta haber concedido el 24 de noviembre de 1997 este privilegio a Agapito Pérez Cruz.
La doctrina de academicidad constituye una de las manifestaciones concretas del concepto de justiciabilidad, la cual acota los límites de la función judicial. Comisión Estatal de Elecciones v. Dpto. de Estado, res. 16 de diciembre de 1993, 134 D.P.R. ___ (1993). Un caso es académico cuando pierde su carácter adversativo, ya sea por cambios fácticos o judiciales acaecidos durante su trámite judicial, creando una circunstancia en la que la sentencia sería una opinión consultiva. Existen, sin embargo, varias excepciones a la doctrina, a saber, cuando se plantea una cuestión recurrente; si la situación de hechos ha sido modificada por el demandado, pero no tiene características de permanencia; o donde aspectos de la controversia se tornan académicos, pero persisten importantes consecuencias colaterales. El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988).
La excepción sobre el carácter recurrente o repetitivo de la controversia exige el estudio de tres (3) factores: la probabilidad de la recurrencia; las partes involucradas en el procedimiento; y la probabilidad de que la controversia evada adjudicación o revisión judicial.
El elemento principal en el proceso de concluir si una determinación afirmativa de academicidad promoverá la finalidad de la autolimitación judicial es la probabilidad de recurrencia. Cuando existe la probabilidad de que la controversia se repita o recurra, los tribunales debemos considerar el asunto planteado a pesar de que el mismo haya advenido académico.
En lo referente a las partes en litigio, hemos señalado que para que aplique la excepción del carácter recurrente no es necesario que al repetirse la controversia ésta afecte a las mismas partes. Com. de la Mujer v. Srio.
de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980).
Además del carácter recurrente o repetitivo del asunto planteado, y las partes en litigio, dicho asunto debe ser de una naturaleza tal que evada su adjudicación o revisión. Esto sucede con mayor frecuencia en aquellas controversias que son de por sí de muy corta duración, aunque pueden existir otras que ocasionen que una controversia eluda la revisión judicial. Asociación de Periodistas v. González Vázquez, 127...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 13 de Diciembre de 2010 - 180 DPR 253
...(3) cuando subsisten consecuencias colaterales que tienen vigencia y actualidad. Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra; Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10, 19 La U.P.R. alega que en este caso aplica la segunda excepción antes mencionada. Explica que los estudiantes realizaron un cambio a su con......
-
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 15 de Septiembre de 2017
...para propulsar dicho interés”). 64 Véanse, por ejemplo, Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582 (2007); Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10 (2000); López Vives v. Policía de P.R., 118 DPR 217 (1987); Santiago v. Bobb, 117 DPR 153, 159 estos Íd. casos aplica vez un escrutinio resolvió......
-
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 24 de Febrero de 2011 - 180 DPR 920
...v. E.L.A., supra; Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra. Véanse, además, San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., supra; Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10 (2000); P.P.D. v. Gobernador I, Sin embargo, como señalamos recientemente en Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra, pág. ___, 2010 J.T.S. 79, pág......
-
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 31 de Marzo de 2008 - 173 DPR 389
...información: necesidad de su reglamentación en Puerto Rico, 44 Rev. Jur. U.P.R. 67 (1975). En Angueira v. Junta de Libertad Bajo Palabra, 150 D.P.R. 10, 24-25 (2000) una ley establecía la confidencialidad de la información gubernamental que la ciudadana reclamaba. Allí reiteramos la norma g......
-
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 13 de Diciembre de 2010 - 180 DPR 253
...(3) cuando subsisten consecuencias colaterales que tienen vigencia y actualidad. Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra; Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10, 19 La U.P.R. alega que en este caso aplica la segunda excepción antes mencionada. Explica que los estudiantes realizaron un cambio a su con......
-
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 15 de Septiembre de 2017
...para propulsar dicho interés”). 64 Véanse, por ejemplo, Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582 (2007); Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10 (2000); López Vives v. Policía de P.R., 118 DPR 217 (1987); Santiago v. Bobb, 117 DPR 153, 159 estos Íd. casos aplica vez un escrutinio resolvió......
-
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 24 de Febrero de 2011 - 180 DPR 920
...v. E.L.A., supra; Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra. Véanse, además, San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., supra; Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10 (2000); P.P.D. v. Gobernador I, Sin embargo, como señalamos recientemente en Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra, pág. ___, 2010 J.T.S. 79, pág......
-
Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 31 de Marzo de 2008 - 173 DPR 389
...información: necesidad de su reglamentación en Puerto Rico, 44 Rev. Jur. U.P.R. 67 (1975). En Angueira v. Junta de Libertad Bajo Palabra, 150 D.P.R. 10, 24-25 (2000) una ley establecía la confidencialidad de la información gubernamental que la ciudadana reclamaba. Allí reiteramos la norma g......
-
Academicidad
...v. Aguayo, 1958, 80 D.P.R. 552. [32] Cruz v. Adm. Corrección, 2005 J.T.S. 39. [33] Angueira Navarro v. Junta de Libertad Bajo Palabra, 150 D.P.R. 10, (Negrón-García); Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 91 J.T.S. 4 (Naveira); Berberana v. Echegoyen, 128 D.P.R. 864, 91 J.T.S. 6......