Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 24 de Mayo de 2004 - 161 DPR 840

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Juan Manuel Cruzado Laureano

Peticionario

Certiorari

2004 TSPR 79

161 DPR 840 (2004)

161 D.P.R. 840 (2004)

2004 JTS 85

Número del Caso: CC-2004-342

Fecha: 24 de mayo de 2004

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Regional Judicial de Bayamón

Panel integrado por su Presidente, el Juez Sánchez Martínez, el Juez Urgell Cuebas y el Juez Soler Aquino

Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Benancio Santana Rabell

Abogado de la Parte Recurrida: Lcda. Ivette Aponte Nogueras

Derecho Constitucional, El tribunal concluyo que el acusado no esta obligado a tener un abogado y puede representarse por derecho propio, sí ha demostrado que tiene la capacidad para cumplir satisfactoriamente con éstas. Art. 210 CP, Art. 213 CP y Art. 3.2 Ley Ética Gubernamental.

PER CURIAM

(Regla 50)

San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2004.

I

El 27 de febrero de 2004, el aquí peticionario, Lcdo. Benancio Santana Rabell (en adelante, "el peticionario"), abogado del señor Juan Manuel "Mane" Cruzado Laureano ("el acusado" o "el señor Cruzado Laureano") presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (en adelante, "TPI") una Moción de Renuncia de Representación Legal. Mediante dicha comparecencia, el peticionario expresó al foro primario su deseo de que se le relevara de la defensa del señor Cruzado Laureano, acusado en el caso Pueblo v. Juan M.

Cruzado Laureano, Criminal Núm. D LE2003G0765, D FP2003G0064 AL 0067.

Expresó como fundamentos para su petición que: 1) habían surgido diferencias entre el abogado y el acusado en cuanto a cómo llevar la defensa; 2) el propio acusado solicitó su renuncia y la devolución del expediente; y 3) se había perdido la confianza que debe existir en una relación entre abogado y cliente.

Posteriormente, el 5 de marzo de 2004, el señor Cruzado Laureano presentó un escrito titulado Moción Solicitando que se Releve al Lcdo. Benancio Santana Rabell de este Caso,¹ en el cual reprodujo las razones aducidas por el peticionario para que se le permitiera renunciar a la defensa de éste.

Con motivo de atender las mociones presentadas, el TPI citó a las partes a una vista a celebrarse el 12 de marzo de 2004. En dicha vista, el acusado reiteró su deseo de que se relevara al peticionario del caso, ya que se había perdido la confianza entre abogado y cliente, y solicitó que se le permitiera defenderse por derecho propio. No obstante, el TPI denegó ambas peticiones.

El 17 de marzo de 2004, el peticionario presentó oportunamente una moción de reconsideración ante el TPI, la cual fue declarada no ha lugar. De dicha denegatoria, el peticionario acudió ante el Tribunal de Apelaciones (en adelante, "TA") mediante recurso de Certiorari y Moción en Auxilio de Jurisdicción. El TA se negó a expedir el auto solicitado mediante Resolución de 29 de marzo de 2004. El 31 de marzo de 2004, el peticionario presentó una Moción de Reconsideración, la cual fue denegada ese mismo día.

El TA resolvió, en síntesis, que la renuncia se presentó tardíamente y que no se invocaron hechos concretos o circunstancias específicas que justificaran la remoción del Lcdo. Santana Rabell como abogado del acusado. Asimismo, sustentó lo resuelto refiriéndose a otra decisión del TA, Pueblo v. Jonathan Fernández Díaz, KLCE200300365, donde no se le permitió a una abogada de la Sociedad de Asistencia Legal renunciar a la defensa de un acusado indigente que insistía en que le cambiaran su representación legal.² Dicho foro resolvió en ese caso, inter alia, que la percepción que un acusado indigente pueda tener sobre la efectividad de su abogado de oficio, sin una base racional en la cual fundarse, no es una preocupación que pueda atenderse con la sustitución de éste. Además, citando a Pueblo v.

Pardo Toro, 90 D.P.R. 635, 649 (1982), el TA recalcó que "el derecho a asistencia de abogado no quiere decir el derecho a la asistencia de un abogado en particular."

El 31 de marzo de 2004, pendiente aún la Moción de Reconsideración presentada por el peticionario ante el TA,³ el TPI celebró una vista de seguimiento. El acusado solicitó dirigirse al tribunal, lo que se le negó. El juez de instancia le indicó que si deseaba dirigirse al tribunal debía hacerlo a través de su abogado. Así, el juez dejó citados a los testigos y a las partes para juicio el 3 de mayo de 2004. Además, apercibió al acusado que de no acudir se vería el juicio en su ausencia. El acusado se dirigió al tribunal y manifestó que no se presentaría al juicio porque se le está imponiendo una representación legal no deseada, y le expresó al peticionario que no lo autorizaba a dirigirse al tribunal en representación suya.

El 22 de abril de 2004, el peticionario acudió ante nos mediante Petición de Certiorari, formulando el siguiente error:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al no permitir el relevo de representación legal del abogado; solicitado por el señor acusado para éste representarse por derecho propio y por haberse perdido la confianza que debe existir en una relación entre abogado y cliente.

En vista de que la fecha señalada para juicio se aproximaba, ese mismo día el peticionario presentó ante nos una Moción en Auxilio de Jurisdicción y Solicitando la Paralización de los Procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia. Mediante Resolución de 27 de abril de 2004, ordenamos la paralización de los procedimientos ante el TPI hasta tanto otra cosa dispusiese este Tribunal.

En virtud de la Regla 50 de nuestro Reglamento, resolvemos.

II

La Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América establece el derecho de todo acusado a estar representado por un abogado en toda causa criminal que en su contra se llevare.⁴ Const.

EE.UU., Enm. VI, 1 L.P.R.A. En vista de que este derecho, al igual que los demás derechos a favor del acusado establecidos por la citada enmienda, son básicos para el buen funcionamiento del sistema de justicia criminal, éstos son parte del debido procedimiento de ley garantizado por la Decimocuarta Enmienda. Faretta v. California, 422 U.S. 806, 818 (1975); Pueblo v. Amparo Concepción, 146 D.P.R. 467, 472 (1998).

Como corolario del derecho a asistencia de abogado, la Corte Suprema de Estados Unidos ha atendido controversias relacionadas a la renuncia a éste por un acusado. Sobre este particular, ese alto foro emitió en 1975 la normativa decisión de Faretta v. California, supra. En ese caso, el señor Faretta fue acusado y sometido a un procedimiento criminal por el delito de hurto mayor ("grand theft") ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, California. A varias semanas de la fecha del juicio, el acusado solicitó representarse por derecho propio. El juez de instancia, luego de una determinación preliminar favorable, decidió denegar lo solicitado ya que entendió que el señor Faretta no había tomado una decisión inteligente y con pleno conocimiento de todo lo que implicaba. Además, resolvió que al acusado no le cobijaba el derecho constitucional a la auto-representación. La Corte Suprema federal revocó, y resolvió que a un acusado ante un tribunal de justicia estatal le asiste un derecho constitucional a defenderse por derecho propio siempre que dicha decisión la tome voluntaria e inteligentemente. Asmimismo, estableció que el Estado no puede forzarlo a retener a un abogado cuando éste insiste en proceder pro se.⁵ Ahora bien, aclaró que es deber del tribunal advertirle al acusado que insiste en defenderse a sí mismo sobre las consecuencias y los peligros de la auto-representación. Id., a la pág. 806.

Desarrollando la norma de Faretta, supra, la Corte resolvió el caso de McKaskle v. Wiggins, 465 U.S. 168 (1983). En éste, el Supremo federal reiteró que, de acuerdo con la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, todo acusado tiene derecho a auto-representarse siempre que: 1) el acusado...