Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 4 de Diciembre de 1926 - 45 D.P.R. 512
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 45 D.P.R. 512 |
| Fecha de Resolución | 4 de Diciembre de 1926 |
45 D.P.R. 512 (1933) PUEBLO V. BÁEZ TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v.
Enrique Báez, acusado y apelante.
No.: 4166, Sometido: Mayo 15, 1933, Resuelto: Julio 22, 1933.
Sentencia de E. S. Mestre, J. (Aguadilla), condenando al acusado por delito de Abuso de Confianza. Confirmada.
R. Rivera Zayas y E. Báez García, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
El Juez Asociado Señor Aldrey, emitió la opinión del tribunal.
Enrique Báez fué acusado por el Gran Jurado del Distrito Judicial de Mayagüez de un delito grave de abuso de confianza imputándole que siendo funcionario de El Pueblo de Puerto Rico como secretario de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez y en ocasión de estar encargado de recibir, guardar, conservar y legalmente traspasar y desembolsar las cantidades de dinero que se depositaran en su poder en los pleitos civiles, recibió del márshal de esa corte en uno de los días del mes de octubre de 1926 en su carácter oficial ya dicho la cantidad de $3,500 procedente de una venta judicial hecha en el pleito No. 11966 promovido por Clotilde Toro de Díaz en su carácter de madre con patria potestad de sus menores hijos, perteneciendo dicha suma a los expresados menores, y que dicho Enrique Báez ilegal, voluntaria, maliciosa y fraudulentamente se apropió para su uso particular y en forma contraria a la debida y legal ejecución de sus deberes oficiales de la expresada suma de $3,500 que le había sido confiada y fué a su poder en el ejercicio de su cargo en el pleito de referencia, privando a sus dueños de la expresada cantidad.
Esa causa fué trasladada a la Corte de Distrito de Aguadilla, donde un jurado lo declaró culpable de dicho delito y fué condenado por él.
En la apelación que ha interpuesto contra la sentencia condenatoria alega como error para su recurso que la Corte de Distrito de Aguadilla actuó sin jurisdicción al conocer de la causa y dictar sentencia contra el apelante.
Éste interpuso apelación contra la resolución de la Corte de Distrito de Mayagüez que dispuso el traslado de esta causa a la Corte de Distrito de Aguadilla y la resolvimos en estos autos confirmando la orden de traslado (44 D.P.R. 54), por lo que no es sostenible ese alegado error.
Ciertamente que el extremo mencionado de tal certificación no era admisible en el juicio como lo reconoció el fiscal al presentarla solamente en cuanto a los nombramientos y al admitirla la corte sujeta a la instrucción que daría al jurado, como la dió, tan clara y precisa, según puede verse en ella, que si el jurado ha cumplido, como suponemos que ha cumplido, con el deber que tiene de no tener en cuenta el extremo controvertido, tendremos que llegar a la conclusión de que no ha causado prejuicio alguno en el jurado contra el acusado. El caso de El Pueblo v. Rodríguez, 33 D.P.R. 478, que el apelante cita en apoyo del error alegado no es aplicable al presente caso porque en él la certificación que se presentó se refería únicamente a hacer constar que el Concejo de Administración de Yauco había suspendido al acusado de su puesto por irregularidades que había cometido, por lo que su objeto en el juicio no podía ser otro que probar ese hecho con perjuicio para el acusado, mientras que en el presente el extremo a que nos referimos de la certificación no fué presentado como prueba por el fiscal y aunque formaba parte del documento no impugnado en cuanto a los nombramientos, la corte dijo al jurado que no tomase en cuenta dicho particular. El apelante no se opuso a esa certificación porque fuese en relación con sus nombramientos y no una certificación literal de ellos, por lo que no tenemos que resolver esta cuestión suscitada por primera vez en esta apelación. El Pueblo v. Bird, 5 D.P.R. 189; El Pueblo v. Borrás, 9 D.P.R. 411; El Pueblo v. Asencio, 16 D.P.R. 355; El Pueblo v. Alsina, 22 D.P.R. 459, y El Pueblo v. Carrión, 35 D.P.R. 901.
Para probar el fiscal que el acusado tomó posesión del cargo de secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez presentó los juramentos que con tal motivo él prestó ante funcionarios judiciales y alega el apelante en el tercer motivo de error que tales documentos no debieron ser admitidos por la corte porque no se había probado en forma legal que era secretario de la expresada corte; pero ya hemos dicho que el documento en que consta el nombramiento del apelante para tal cargo era admisible con la salvedad que hizo la corte en cuanto a una adición que tenía, y, por consiguiente, estando probado que fué nombrado para ese cargo no hubo error en admitir que tomó posesión del mismo.
En el cuarto motivo del recurso dice el apelante que fué error admitir un expediente judicial sobre autorización judicial sin que hubiera sido identificado...
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