Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 28 de Junio de 1963 - 88 D.P.R. 834
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 88 D.P.R. 834 |
| Fecha de Resolución | 28 de Junio de 1963 |
88 D.P.R.
834 (1963) PUEBLO V. LOZANO DÍAZ
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
EL PUEBLO DE PUERTO RICO, demandante y apelado
vs.
PABLO LOZANO DIAZ, acusado y apelante
Núm. CR-62-125
88 D.P.R. 834
28 de junio de 1963
SENTENCIA RECONSIDERADA de J. Villares Rodríguez, J. (Caguas) aumentando la pena impuesta al acusado en una sentencia original por el delito de escalamiento en primer grado subsiguiente. Confirmada.
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DERECHO PENAL--FALLO, SENTENCIA Y AUTO DE PRISION FINAL-- RECONSIDERACIÓN DE O DEJAR SIN EFECTO LA SENTENCIA DICTADA-- PODER DE LOS TRIBUNALES-- La facultad de un juez para reconsiderar una sentencia impuesta válidamente está restringida por las siguientes normas: (a) el sentenciado debe encontrarse todavía bajo custodia judicial; (b) la sentencia original debe contener algún error en el nombre del sentenciado, en la pena impuesta o en la aplicación de la ley a los hechos del caso; y (c) deben existir ciertas circunstancias que justifiquen la mitigación o la agravación de la sentencia. (Santiago v. Jones 74:617, aclarado.)
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ID.--ID.--ID.--ID.-- Una sentencia nula--una que la corte no t jurisdicción o autoridad para imponer--puede ser reemplazada en cualquier momento, antes o después de haber comenzado su ejecución, por una sentencia válida, y en tal caso la corte sentenciadora está autorizada para sustituir una sentencia legal y válida por la sentencia nula anterior.
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ID.--ID.--ID.--ID.-- Una sentencia original válida no se puede aumentar posteriormente si el sentenciado ha comenzado a extinguirla.
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ID.--ID.--ID.--ID.-- Si un acusado apela o radica un hábeas corpus para atacar una sentencia inválida, la corte puede aumentarle la pena al dictar una nueva sentencia.
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ID.--ID.--ID.--ID.-- Si una sentencia dictada no se ajusta a la pena establecida por la ley, la corte tiene autoridad para dictar una nueva sentencia que se ajuste a la ley, aunque la pena original haya comenzado a extinguirse por el sentenciado.
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ID.--ID.--ID.--ID.--SENTENCIA NULA-- Una sentencia dictada contrario a lo que dispone la ley es nula e inexistente--pudiendo ser eliminada aun cuando haya sido ejecutada parcialmente--y el juez puede en cualquier momento corregir el error para ajustar la sentencia a lo ordenado por la ley.
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ID.--ID.--ID.--ID.-- Sentencias válidas pueden ser alteradas por la corte después de comenzarse a extinguir las mismas, si la alteración beneficia al confinado.
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ID.--ID.--ID.--ID.-- Los tribunales tienen poder inherente par poder alterar las sentencias una vez que se han comenzado a extinguir.
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DERECHO CONSTITUCIONAL--DEBIDO PROCEDIMIENTO DE LEY--PROCESO POR DELITOS U OFENSAS--EXPOSICIÓN ANTERIOR POR EL MISMO DELITO--(Former Jeopardy). Una juez puede válidamente aumentar la pena impuesta en una sentencia original dictada que ya el sentenciado ha comenzado a extinguir bajo la custodia del Poder Ejecutivo por ser dicha sentencia original nula--haberle impuesto al acusado una pena mínima menor que la señalada en el estatuto penal--y tal actuación no constituye una violación a la doctrina de separación de poderes ni a tal situación de hechos le es de aplicación la defensa de doble exposición (former jeopardy).
Rafael Vázquez Colón, abogado designado por el Tribunal Supremo para ofrecer asistencia legal al apelante.
J. B. Fernández Badillo, Procurador General,
y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
OPINIÓN EMITIDA POR EL HON.
JUEZ DÁVILA
Convicto el apelante en el año 1958 por el Tribunal Superior, Sala de Caguas, de escalamiento en primer grado subsiguiente, le fue impuesta una pena de 2 a 15 años de presidio. Apeló, mas luego desistió del recurso interpuesto. Cuando ya había extinguido tres años de la condena, radicó un recurso de hábeas corpus en el Tribunal Superior, Sala de San Juan. El hábeas corpus fue trasladado para verse ante la Sala de Caguas. El día señalado para la vista, cuando el apelante tuvo conocimiento de que el recurso se vería ante el mismo juez que lo sentenció, manifestó que desistía de su petición. Cf. Capeles v. Delgado,
83 D.P.R. 694 (1961). El fiscal entonces llamó la atención del juez al hecho de que cuando el acusado fue procesado había aceptado una alegación sobre reincidencia que figuraba en la acusación y esto hacía imperativo que se le impusiera una pena mínima de 10 años por el segundo delito. Art. 56 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 131. Durante este incidente el apelante no estuvo asistido de abogado.1 El juez, en vista de lo alegado por el fiscal, inmediatamente dejó sin efecto la sentencia impuesta tres años antes y pronunció una nueva condenándolo a sufrir una pena de 10 a 15 años de presidio.
Al día siguiente el juez sentenciador dejó sin efecto la sentencia dictada por no haber estado el apelante asistido de abogado en el acto de pronunciarla y ordenó se le citara para una fecha posterior. Surge que al dictar sentencia posteriormente estuvo asistido de abogado. Le impusieron de 10 a 12 años.
Recurrió ante nos y le nombramos abogado para que le brindara ayuda legal.
[P837]
El abogado designado levanta la cuestión de que la nueva sentencia impuesta es contraria a derecho. Sostiene que no se podía alterar la pena que se le impuso en el año 1958 una vez comenzara a extinguirla.
[1] En Santiago v. Jones,
74 D.P.R. 617 (1953) expusimos la regla general sobre esta materia así:
"La facultad de un juez sentenciador para reconsiderar una sentencia impuesta dentro de un proceso criminal, se encuentra restringida por ciertas normas que deben esclarecerse antes que se pueda llegar a una conclusión definitiva. La primera norma es que el sentenciado debe encontrarse todavía bajo la custodia del tribunal sentenciador, sin haber empezado a cumplir ninguna parte de la sentencia original; la segunda norma es que la reconsideración no se produzca a menos que un error en el nombre, en la pena impuesta, o en la aplicación de la ley a los hechos probados en el proceso, justifiquen la reconsideración de la sentencia original; la tercera norma es, que existan ciertas circunstancias que justifiquen la mitigación o la agravación de la sentencia."
Lo anterior expone la regla general. Se refiere a las sentencias válidas.
El caso de Santiago trataba de un acusado a quien un juez había impuesto una sentencia válida y luego de sentenciado el acusado se había dado a la fuga.
El juez luego que fue apresado reconsideró su primera sentencia e impuso una más onerosa. Se resolvió que podía hacerlo.
En otro caso resuelto por este Tribunal en que se expone la regla general, Pueblo
v. Carbone, 59 D.P.R. 610 (1941), la pena impuesta originalmente era válida. Acusado de acometimiento y agresión simple el juez lo declaró convicto y le impuso $2.00 de multa. Al solicitar reconsideración le impuso $5.00.
Resolvimos que había abusado de su discreción y restablecimos la pena original.
En Pueblo
v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 904 (1960) se citan los dos casos anteriores haciéndose referencia a la doctrina en ellos expuesta, pero los hechos que se consideraban se relacionaban con el archivo y sobreseimiento de ciertas acusaciones.
[P838]
[2] En la recopilación de jurisprudencia que aparece en la Anotación, Criminal Law Changing Sentence,
168 A.L.R. 706, a la pág. 719, se expone la doctrina según ha sido enunciada por la inmensa mayoría de los casos:
"Es generalmente aceptado que una sentencia nula--una que la corte no tiene jurisdicción o autoridad para imponer--puede ser reemplazada en cualquier momento, antes o después de haber comenzado su ejecución o de haber expirado el término de la corte,2 por una sentencia válida; en tal caso la corte sentenciadora está autorizada para substituir una sentencia legal y Válida por la nula anterior."3
[3-5] En el caso de Hayes v.
United States, 249 F.2d 516 (D.C. Cir. 1957) cert. den. 356 U.S. 914 (1958) se estudian las distintas reglas relacionadas con esta materia. Se expone que si la sentencia original es válida, posteriormente no se puede aumentar si se ha empezado a extinguir. Se hace referencia además a la regla que luego expusimos en Pueblo v. García, 83 D.P.R. 430 (1961). Si el acusado apela o radica un hábeas corpus, para atacar una sentencia inválida se ha sostenido que la corte al dictar nueva sentencia puede aumentarle la pena. Luego de exponer estas dos situaciones sostiene que si la sentencia dictada no se ajusta a la pena establecida por la ley, la corte tiene autoridad para dictar una nueva que se ajuste a la ley aunque la pena original haya comenzado a [P839] extinguirse. Considera el caso de Bozza v. United States, 330 U.S. 160 (1947) que seguimos en Pueblo v. García,
y luego de analizarlo a la luz de los hechos que presentaba termina diciendo:
"En Bozza se dijo que la sentencia original constituía un 'castigo nulo' ya que era sólo para encarcelamiento y no incluía multa, a pesar de que el estatuto también imponía multa. Es cierto que sólo habían transcurrido cinco horas hasta el momento de corregirse y que en el interim el acusado, aunque en un lugar de detención federal, no había sido llevado a una penitenciaría; pero esto parece no haber sido la base para la decisión en el sentido de que no había habido doble exposición. La Corte dijo que el error en la sentencia había sido por inadvertencia, como lo fue en el presente caso, y que, si el error no podía ser corregido en la manera en que allí se hizo, no se podría imponer una sentencia válida, resultando así que un prisionero, cuya culpabilidad había sido establecida en juicio escaparía al castigo totalmente. La Corte continuó:
"La Constitución no dispone que el sentenciar sea un juego donde una jugada equivocada por el juez conceda la inmunidad al prisionero. Véase King v. United States, 69 App. D.C. 10, 15, 98 F.2d 291, 296. En este caso la corte 'sólo echó a un lado lo que no tenía autoridad para hacer y substituyó lo que requería la ley que se hiciera al ser convicto el acusado'. In re Bonner, supra, [151 U. S. 242] a la página 260, 14...
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