Sentencia de Tribunal Apelativo de 9 de Julio de 2012, número de resolución KLRA201200523
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLRA201200523 |
| Tipo de recurso | Recursos de revisión administrativa |
| Fecha de Resolución | 9 de Julio de 2012 |
| | | REVISIÓN JUDICIAL procedente de la Administración de Corrección Sobre: Interdicto Provisional, Daños y Perjuicios, Angustias Mentales, Difamación y Abuso de Poder. |
Panel integrado por su presidente, el Juez López Feliciano, el Juez Hernández Serrano, la Jueza Birriel Cardona y el Juez Rodríguez Casillas.
López Feliciano, Juez Ponente
En San Juan, Puerto Rico a 9 de julio de 2012.
Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la señora Lilliam Pérez Meléndez, en adelante la recurrente, y nos solicita que le ordenemos a la recurrida Administración de Corrección a dejar sin efecto el traslado que se le hiciera a otra institución carcelaria, por entender que el mismo es discriminatorio.
Por los fundamentos que expondremos a continuación, se desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.
I.
Los hechos e incidentes procesales esenciales y pertinentes al recurso se contraen a los siguientes:
El 14 de junio de 2012 la recurrente presentó ante este Tribunal de Apelaciones el recurso de revisión judicial que ahora atendemos.1 En su escueto e impreciso escrito solicita que de forma inmediata fuera reubicada por la Administración de Corrección en la Cárcel de Mujeres de Vega Baja, Puerto Rico, donde se encontraba extinguiendo su condena previo a su traslado al Centro de Detención Regional de Guayama. Entiende que dicho traslado fue uno abusivo, caprichoso y discriminatorio, toda vez que se debió en principio a sus preferencias sexuales, no obedeciendo como alega la Administración de Corrección a razones de seguridad.
Es norma reiterada que la falta de jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser subsanada. Szendrey v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873,874 (2007); Lugo v. Suarez, 165 D.P.R. 729, 730 (2005); Morán Rios v. Martí Bardisona, 165 D.P.R. 356,364 (2005).
La jurisdicción no se presume. La parte tiene que invocarla y acreditarla toda vez que previo a considerar los méritos de un recurso, el tribunal tiene que determinar si tiene facultad para entender en el mismo. Soc.
de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644,645 (1979).
El hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica que incumplan con las reglas procesales. Se debe evitar que las partes utilicen la comparecencia por derecho propio como subterfugio para no cumplir con las normas procesales, especialmente aquellas que establecen términos jurisdiccionales o de cumplimiento estricto. Véase, Pueblo v. Romar, 159 D.P.R. 714,716 (2003).
Además, los tribunales tenemos siempre la obligación de ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos autorizados a entrar a resolver los méritos del recurso. Szendrey v. F.
Castillo, supra; Lugo v. Suarez, supra; Morán Rios v. Martí Bardisona, supra; Carattini v. Collazo Systems, 158 D.P.R. 345,355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins., Co., 155 D.P.R. 309,332 (2001). Véase, además, Juliá et al. v. Epifanio Vidal S.E., 153 D.P.R. 357,362 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513,517-518 (1991); Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522,532 (1988).
Un recurso prematuro, al igual que uno tardío sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Como tal, su presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en ese momento no hay justificación para ejercer nuestra autoridad judicial...
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