Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 20 de Noviembre de 1990 - 127 DPR 557
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 127 DPR 557 |
| Fecha de Resolución | 20 de Noviembre de 1990 |
EL PUEBLO DE PUERTO RICO, demandante y recurrido
PETICIÓN DE CERTIORARI para revisar una SENTENCIA de Carmen Celinda Ríos, J. (Carolina), que condena al acusado por haber infringido el Art. 3.2 de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, 8 L.P.R.A. sec. 632, y el Art. 260 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4521. Se expide el auto y se modifica la sentencia recurrida.
Miguel A.
Cabrera, abogado del peticionario; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Aida Ileana Oquendo Graulau, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
SENTENCIA
En relación con unos hechos alegadamente acaecidos el 15 de noviembre de 1989, el Ministerio Público presentó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina, unos pliegos acusatorios contra el aquí peticionario Alejandro Lacroix Correa en los que se le imputó a éste haber infringido el Art. 3.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, 8 L.P.R.A. sec. 632, y el Art. 260 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4521.1 Al ser llamado los casos para juicio, el peticionario Lacroix Correa hizo alegación de culpabilidad --producto de una alegación preacordada a la cual brindó su anuencia la perjudicada en el caso- - por los delitos de alteración a la paz y agresión en su modalidad menos grave. El tribunal de instancia, contando con el beneficio de un informe de la oficina de oficiales probatorios, sentenció al peticionario Lacroix Correa a sufrir una pena de seis (6) meses de cárcel en cada uno de los delitos antes mencionados y cumplir ambas penas en forma consecutiva. Dicho foro negó los beneficios de una sentencia suspendida.
Inconforme, el peticionario Lacroix Correa acudió vía certiorari ante este Tribunal.2
Mediante Resolución de 25 de junio de 1990, le concedimos término al Procurador General de Puerto Rico para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari solicitado y dictar sentencia modificatoria de la emitida por el tribunal de instancia 'a los efectos de conceder al Peticionario los beneficios de una sentencia suspendida'.3 Resolución de 25 de junio de 1990. El Procurador General de Puerto Rico compareció a esos efectos mediante escrito de 16 de julio de 1990. Una Sala Especial de este Tribunal --compuesta por el Juez Presidente Señor Pons Núñez, el Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón-- mediante resolución mayoritaria de 20 de julio de 1990, y luego de tener el beneficio de examinar el informe rendido por la oficina de oficiales probatorios, le fijó al peticionario dentro del recurso de certiorari presentado una fianza de $1,000 para que éste pudiera permanecer en libertad hasta tanto el Tribunal resolviera el planteamiento central de si el foro de instancia incurrió o no en abuso de discreción al negarle los beneficios de una sentencia suspendida.4
Además, se le impuso al peticionario, como condiciones especiales para que pudiera permanecer en libertad bajo dicha fianza, que se debía someter a una 'evaluación sobre alcoholismo' y abstenerse 'de cualquier contacto o relación de clase alguna con la Sra. Lizette Malc[ú]n Valencia.' Resolución de 20 de julio de 1990, págs. 1-2.
Al estar en condiciones de resolver el recurso presentado, procedemos a así hacerlo.
I
En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, en Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211-217 (1990), expresamos:
En lo pertinente al asunto ante nuestra consideración, hemos resuelto que la decisión o determinación de conceder o no los beneficios de una sentencia suspendida a un convicto de delito que prima facie cualifica para recibir dichos beneficios descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador, Vázquez v.
Caraballo, 114 D.P.R. 272 (1983); que a dicha determinación le cobija la presunción de ser una justa y correcta, Pueblo v. Pérez Bernard, 99 D.P.R. 834 (1971); que el informe que rinde al tribunal el oficial probatorio, y su recomendación sobre la concesión o no de una sentencia suspendida al convicto, no obliga al juez sentenciador, Pueblo v. Martínez Rivera, 99 D.P.R. 568 (1971); que aun cuando la carencia de antecedentes penales es una circunstancia favorable para el convicto que aspira a recibir los beneficios de una sentencia suspendida, dicha circunstancia, por sí sola, no es suficiente para recibir dichos beneficios, Pueblo v. Luciano, 77 D.P.R. 597 (1954), y que, en casos de alegaciones de culpabilidad, no hay nada que impida que el juez de instancia examine el expediente fiscal con el propósito de conocer los hechos que dieron lugar a la radicación de los cargos criminales y así poder estar en mejor posición de ejercer esa discreción, Pueblo v. Feliciano, 67 D.P.R. 247 (1947).
Discreción, naturalmente, significa tener poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. En el ámbito judicial, sin embargo, el mencionado concepto 'no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho . . .'. (Énfasis suplido.)
Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).
No resulta fácil precisar cuándo un tribunal de justicia incurre en un abuso de discreción. No tenemos duda, sin embargo, de que el adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. Como expresáramos en Pueblo v. Sánchez González, ante, pág. 200, '[d]iscreción es, pues, una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera . . .'...
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