Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Abril de 2018, número de resolución KLAN201700267
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLAN201700267 |
| Tipo de recurso | Apelación |
| Fecha de Resolución | 30 de Abril de 2018 |
| | | Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan Caso Núm. KVI160009 A 0011, KLA160053 A 0057 POR: Art. 93 (1er grado), Art. 93 (Tent. Asesinato), Art. 504 LA y 5.15 |
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, y las Juezas Grana Martínez y Romero García.
Grana Martínez, Jueza Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018.
El apelante, Rafael Delgado Cirino, solicita que revoquemos una sentencia en la que el Tribunal de Primera Instancia lo encontró culpable de dos cargos por asesinato en primer grado, Artículo 93 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5142, tentativa de asesinato e infracción a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 458 (c), (n).
El 26 de marzo de 2018, el Procurador General presentó su alegato en oposición al recurso.
El señor Delgado fue acusado de dos violaciones al Artículo 5.04, supra, tres violaciones al Artículo 5.15, supra, una tentativa de violación al Artículo 93, supra, y dos violaciones al Artículo 93, supra. Fue encontrado culpable y sentenciado por todos los delitos imputados.
Inconforme con la decisión, presentó este recurso en el que hace los señalamientos de errores siguientes:
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO DESCARTAR LOS TESTIMONIOS INVEROSÍMILES, ACOMODATICIOS, CONTRADICTORIOS, NO CORROBORADOS DE LOS TESTIGOS PRINCIPALES DE CARGO RESPECTO A LA FORMA QUE OCURRIERON LOS HECHOS, LA INVESTIGACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DEL APELANTE, LA CUAL FUE HECHA CONTRARIO A DERECHO.
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO CONCEDER AL APELANTE EL BENEFICIO DE LA DUDA RAZONABLE, ANTE LA TOTALIDAD DE LA PRUEBA DESFILADA, POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y AL ENCONTRAR CULPABLE, AL APELANTE, DE LOS CARGOS INSTRUIDOS POR HABER HABIDO (sic) TOTAL INSUFICIENCIA DE PRUEBA PARA SOSTENER LAS ACUSACIONES Y SIN HABER NI MÍNIMAMENTE UN NEXO CAUSAL CON EL APELANTE.
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO TOMAR EN CONSIDERACIÓN QUE LA PRUEBA CIENTÍFICA RECOPILADA Y TESTIFICADA POR LOS TESTIGOS DEL MINISTERIO PÚBLICO ES INCOMPATIBLE, CON EL TESTIMONIO DEL TESTIGO PRINCIPAL Y ÚNICO TESTIGO DE LOS HECHOS.
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO RESOLVER A FAVOR DEL APELANTE LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCEDIMIENTO DE LEY POR NO CUMPLIR, EL MINISTERIO PÚBLICO CON SU DEBER DE DESCUBRIR PRUEBA AL AMPARO DE LA REGLA 95 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL.
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR CON UN NO HA LUGAR, LA SOLICITUD DE QUE SE LE APLICARA LA PRESUNCIÓN, DETENER EL JUICIO O POR LO MENOS ORDENAR AL MINISTERIO PÚBLICO ENTREGAR A LA DEFENSA LA EVIDENCIA NO ENTREGADA SEGÚN LO DECLARADO POR UN TESTIGO, AGENTE JOSÉ SANTIAGO, INVESTIGADOR DE LA ESCENA, DEL MINISTERIO PÚBLICO, EL CUAL SE PUSO A LA DISPOSICIÓN DE LA DEFENSA.
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO RESOLVER, A FAVOR DEL APELANTE LAS CONTINUAS VIOLACIONES AL DEBIDO PROCEDIMIENTO DE LEY AL COMPROBARSE QUE EXISTÍA PRUEBA EXCULPATORIA QUE AYUDABA Y BENEFICIABA AL APELANTE A PESAR DE QUE LA MISMA SE SOLICITÓ DESDE VISTA PRELIMINAR DONDE A PESAR DE LAS ADVERTENCIAS PARA QUE LA ENTREGARAN, AL MINISTERIO PÚBLICO Y A LOS AGENTES INVESTIGADORES Y TESTIGOS DEL ESTADO, Y AUN ASÍ NO LA ENTREGARON.
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NEGARLE, AL APELANTE, UN JUICIO JUSTO E IMPARCIAL Y SU DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE LEY.
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NEGARLE A ABSORVER AL APELANTE A PESAR DE QUE LA MISMA PRUEBA DEL MINISTERIO PÚBLICO EL AGENTE INVESTIGADOR, MEDIANTE FOTOS TOMADAS POR EL ESTADO DIJO QUE ESE NO ERA EL LUGAR DE LA ESCENA, EN OTRAS PALABRAS NO RECONOCIÓ LA ESCENA.
La Sección 11 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico consagra los derechos fundamentales de todo acusado de delito en nuestra jurisdicción, entre los que se incluye la presunción de inocencia. Art.
II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008.
Nuestro ordenamiento penal le exige al Estado que rebata la presunción de inocencia mediante prueba satisfactoria y suficiente en derecho, que produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido. La duda razonable que acarrea la absolución del acusado no es una duda especulativa o imaginaria, ni cualquier duda posible, sino aquella que es producto de una consideración justa, imparcial y serena de la totalidad de la evidencia del caso. La duda razonable existe concretamente cuando el juzgador de los hechos siente en su conciencia insatisfacción o intranquilidad con la prueba de cargo presentada. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 174-175 (2011). En cuanto a ese estándar de duda razonable, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que:
es principio fundamental de nuestro sistema de derecho que la culpabilidad de un imputado de delito debe ser probada más allá de duda razonable. Pueblo v. Ortiz Morales, 86 DPR 456 (1962); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545 (1974). El Ministerio Fiscal no cumple con ese requisito presentando prueba que meramente sea suficiente, esto es, que verse sobre todos los elementos del delito imputado; se le requiere que la misma sea suficiente en derecho. Ello significa que la evidencia presentada, además de suficiente, tiene que ser satisfactoria, es decir, que produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido [...] Esa insatisfacción con la prueba es lo que se conoce como duda razonable y fundada. (Énfasis suprimido). Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 (1986).
La prueba del Estado debe dirigirse a demostrar la existencia de cada uno de los elementos del delito, su conexión con el acusado y la intención o negligencia de este. Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 142 (2009).
Por su parte, la norma de revisión de un fallo de culpabilidad es la siguiente:
.esta determinación es revisable en apelación, pues la apreciación de la prueba desfilada en un juicio es un asunto combinado de hecho y derecho.
De igual forma, la determinación que ha hecho el juzgador de los hechos a nivel de instancia a los efectos de que la culpabilidad de la persona imputada ha quedado establecida más allá de duda razonable es revisable en apelación como cuestión de derecho. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 259 (2011)
(Escolios omitidos).
A pesar del poder revisor que asiste a los tribunales apelativos sobre las determinaciones de culpabilidad, el Tribunal Supremo ha reiterado la deferencia al juzgador de los hechos:
No obstante, dado que le corresponde al jurado o, en su defecto, al juez dirimir los conflictos de prueba, no intervendremos en tales determinaciones en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o un error manifiesto. Más bien, la determinación de culpabilidad que hace el juzgador de los hechos a nivel de instancia es merecedora de una gran deferencia por parte del tribunal apelativo. Íd. (Énfasis nuestro).
Como norma general, hemos de conceder gran deferencia a las determinaciones de hecho efectuadas por los tribunales de instancia. Pueblo v.
Torres Rivera, 137 DPR 630, 640 (1994); Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 316 (1991). La deferencia obedece a que el juzgador de instancia es el que, de ordinario, está en una posición privilegiada para aquilatar la prueba testifical habiendo sido él quien escuchó el testimonio y vio declarar los testigos. Es este quien tiene la oportunidad de observar las expresiones mímicas: el color de las mejillas, los ojos, el temblor o consistencia de la voz, los movimientos, el vocabulario no habitual del testigo, son otras tantas circunstancias que deben acompañar el conjunto de una declaración testifical y sin embargo, todos estos elementos se pierden en la letra muda de las actas, por lo que se priva al Juez de otras tantas circunstancias que han de valer incluso más que el texto de la declaración misma para el juicio valorativo que ha de emitir en el momento de fallar; le faltará el instrumento más útil para la investigación de la verdad: la observación. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 654 (1986). No obstante, como excepción, a la norma general, descartaremos las determinaciones de hechos del foro de instancia cuando haya actuado con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurrido en error manifiesto. Pueblo v.
Rodríguez Román, 128 DPR 121, 131 (1991); Pueblo v. Millán Meléndez, 110 DPR 171, 181 (1980). Aunque el arbitrio del juzgador de los hechos es respetable y merece deferencia, no es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a nuestra función revisora.
La Regla 110(d) de Evidencia dispone[l]a evidencia directa de una persona testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier...
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