Debido proceso de ley
| Autor | Ruth E. Ortega Vélez |
| Páginas | 170-180 |
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Derecho Constitucional. La doctrina de debido proceso de ley postula que el Estado tiene la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y de propiedad del ciudadano se haga a través de un procedimiento justo e imparcial. Por ejemplo, en el campo del Procedimiento Criminal, el derecho a no ser privado de lalibertad sin el debido proceso de ley exige que la culpabilidad del acusado sea probada más allá de duda razonable. Esto obliga al ministerio fiscal a presentar prueba suficiente y satisfactoria que establezca más allá de duda razonable cada uno de los elementos del delito.
El debido proceso de ley protege al ciudadano contra actuaciones del Estado que estremecen la conciencia (shock the conscience). Como consecuencia de esto, se le prohíbe a las autoridades gubernamentales actuar de forma fundamentalmente injusta (fundamentally unfair) en contra de un acusado o convicto. Una actuación estatal es fundamentalmente injusta cuando ofende un principio de justicia firmemente establecido en las tradiciones y en la conciencia del pueblo.184
El debido proceso de ley, al igual que la gran mayoría de las garantías constitucionales, protege a las personas esencialmente frente al Estado. Dicho de otro modo, por su propia naturaleza, la gran mayoría de los derechos individuales de origen constitucional integran limitaciones al ejercicio de los poderes del Estado y no a las actuaciones privadas. Por eso para que proceda plantear judicialmente una alegada violación a un derecho constitucional, de
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ordinario, es necesario que haya mediado una actuación del Estado, o como se le conoce más corrientemente, una acción del Estado o acción estatal.185 La acción estatal es un requisito indispensable para que proceda un reclamo constitucional sobre debido proceso de ley.
Las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos de América, al igual que el Art. II, Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico, garantiza el que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley.
La Enmienda V, preceptúa: "Ninguna persona será obligada a responder por delito capital o infamante, sino en virtud de denuncia o acusación por un gran jurado, salvo en los casos que ocurran en las fuerzas de mar y tierra, o en la milicia, cuando se hallen en servicio activo en tiempos de guerra o de peligro público; ni podrá nadie ser sometido por el mismo delito dos veces a un juicio que pueda ocasionarle la pérdida de la vida o la integridad corporal; ni será compelido en ningún caso criminal a declarar contra sí mismo, ni será privado de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido procedimiento de ley; ni se podrá t1o8m6 ar propiedad privada para uso público, sin justa compensación".186
El primer párrafo de la Enmienda XIV prescribe: "Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Ningún estado aprobará o hará cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún estado privará a persona alguna de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido procedimiento de ley, ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes".
El Art. II, Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico, dispone: "Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad... Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley...".
El debido proceso de ley se manifiesta en dos vertientes distintas: la sustantiva y la procesal.
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La vertiente sustantiva del debido proceso de ley protege los derechos y libertades que le concede la Constitución de Puerto Rico y la de los Estados Unidos a los ciudadanos frente a la formulación de política pública por el Estado por vía legislativa o a través de reglamentación aprobada por las agencias del Poder Ejecutivo.
Bajo la vertiente del debido proceso de ley sustantivo, la primera condición que impone el debido proceso de ley al Estado, a través de la Enmienda XIV de la Constitución Federal, es que las leyes no pueden ser vagas ni de amplitud excesiva. De igual forma, el debido proceso de ley no permite la aplicación de leyes ex post facto, ni la aplicación retroactiva de decisiones judiciales.
Bajo el debido proceso de ley sustantivo, los tribunales examinan la validez de una ley, a la luz de los preceptos constitucionales pertinentes, con el propósito de proteger los derechos fundamentales de las personas. Al aprobar leyes o al realizar alguna actuación, el Estado no puede afectar de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los intereses de propiedad o libertad.188 De otra parte, en el debido proceso de ley procesal se le impone al Estado la obligación de garantizar que cualquier intromisión con los intereses de libertad y propiedad del individuo se haga mediante un procedimiento justo y equitativo.189
En su vertiente procesal, la cláusula del debido proceso de ley "le impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y de propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento que, en esencia, sea justo y equitativo".190
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado reiteradamente que "el debido proceso de ley procesal no es un molde riguroso que se da en el abstracto, pues su naturaleza es eminentemente circunstancial y pragmática, no dogmática. Cada caso exige una evaluación concienzuda de las circunstancias envueltas".191 Esta protección que ofrece el debido proceso de ley, en su vertiente procesal, se activa cuando existe un interés individual de libertad o propiedad. Una vez cumplida esta exigencia, procede que se determine el
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procedimiento a seguir. Al determinar las garantías a ofrecerse, hay que analizar conjuntamente los intereses gubernamentales y los de la persona afectada.
Bajo las garantías constitucionales, para que un procedimiento, judicial o administrativo, cumpla con el debido proceso de ley, en su dimensión procesal, se deben satisfacer ciertos requisitos. Entre estos, están: (1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión se base en el récord.
Al determinar si un procedimiento cumple con los requisitos constitucionales del debido proceso de ley, deben analizarse los siguientes factores: (1) el interés privado que se pueda ver afectado por la actuación oficial; (2) el riesgo de una determinación errónea debido al proceso utilizado y el valor probable de garantías adicionales o distintas, y (3) el interés gubernamental protegido.194
El debido proceso de ley exige que el acusado esté adecuadamente informado de la naturaleza y extensión del delito que le ha sido imputado. El ministerio público cumple con este deber de información por medio de la acusación o denuncia que incluya una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso para que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común. Para cumplir con lo anterior, no se le exige al ministerio público ningún lenguaje estereotipado, técnico o talismánico en su redacción ni el uso estricto de las palabras dispuestas en la ley. Solo se le exige que el contenido, no el epígrafe, de la acusación o denuncia exponga todos los hechos constitutivos del tipo delictivo. La función de la acusación o denuncia es crucial para el acusado, pues, por virtud de ella, el acusado adviene en conocimiento de los hechos que se le imputan, de...
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