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Autoridad aparente

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AutorRuth E. Ortega Vélez
Páginas95-98

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Procedimiento Criminal. En el ámbito de criminal, la doctrina de autoridad aparente tiene su origen en la decisión del Tribunal Supremo de California People v. Gorg, 1955, 291 P.2d 469. Esta doctrina postula que es válido un registro cuando un agente de la Policía, de buena fe, descansa en la autoridad que razonablemente aparenta tener una tercera persona para consentirlo, aunque posteriormente se descubra que dicha persona no tenía la potestad para ello. O sea, se trata de un registro sin orden que depende del consentimiento de una persona sin autoridad alguna para otorgarlo.

No obstante, la Policía viene en la obligación de indagar razonablemente respecto a la autoridad de la persona que presta el consentimiento al respecto. De la jurisprudencia relativa a la doctrina de la autoridad aparente se desprende que siempre ha habido una manifestación de la persona que presta el consentimiento a los efectos de que posee la autoridad para permitir el registro, o la Policía ha poseído algún tipo de información previa con respecto a dicha autoridad. Es esto precisamente lo que da base a la buena fe de los agentes de la Policía y les permite llegar a una creencia o conclusión razonable de que la persona que representa tener la autoridad para permitir un registro de verdad la tiene.La razonabilidad de la actuación de la Policía dependerá de que la información se crea correcta al momento de llevar a cabo el registro y no de que esta información resulte ser correcta o falsa.96

1. Requisitos para que opere la doctrina de autoridad aparente en el ámbito de Procedimiento Criminal

En aras de la protección de los derechos constitucionales envueltos en este tipo de situaciones, cuando se invoca la doctrina de la autoridad aparente, pretendiéndose que los agentes de la Policía descansen en las representaciones de autoridad de una determinada persona para consentir a un registro, deben observarse rigurosamente los requisitos expuestos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en United States v. Matlock, 1974, 415 U.S. 164.

En Matlock, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos señala que, para que el consentimiento dado por la autoridad aparente sea válido, se requiere que sea voluntario. Si es dado por un tercero se requiere, además, que el que lo concede

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tenga "autoridad común u otra relación suficiente con respecto a la propiedad" allanada. El Estado deberá probar el uso mutuo de la propiedad...

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